Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* ¿A QUÉ LE TEME EL DIRECTOR DEL IMSS?

A principios de diciembre de 2023 –hace dos meses y medio–, un joven de 26 años fue ejecutado en la Colonia Roma de la Ciudad de México y a un costado fue localizado un mensaje de amenaza contra funcionarios del IMSS y proveedores de productos farmacéuticos.

En el mensaje, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se exigía la renuncia de tres funcionarios.

El joven asesinado tenía apenas tres meses de estar vendiendo sobre la Calle Durango, entre Salamanca y Cozumel.

Sus atacantes le dispararon cinco veces en la espalda y huyeron del lugar.

El negocio callejero de dulces sólo permanecía abierto durante el día, pero a veces extendía su horario cuando se realizaba algún evento en un salón de fiestas ubicado enfrente, según explicaron al diario Reforma otras personas que trabajan en esa zona.

“Siempre que había algo en el salón se quedaba hasta la madrugada, yo creo que sí le convenía porque también vendía cigarros y botanas.

“El puesto ya lleva años y el dueño es otro señor. El chavo es como su chalán y apenas tenía como tres meses”, detalló una empleada de una empresa de limpieza.

La víctima, de nombre Abraham, se encontraba en una silla junto al puesto de dulces y bebidas cuando las balas perforaron su espalda y se desplomó hacia adelante.

Una caja de plástico, que utilizaba para almacenar su mercancía, evitó que azotara sobre la banqueta, y quedó en cuclillas.

En un texto publicado ayer con el título: “IMSS, más fraudes, amenazas de muerte y desacatos”, el columnista Francisco Rodríguez abordó el caso de Jesús Eduardo Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración del IMSS, del cual refirió que “le precede un negro historial desde los tiempos en que trabajaba en el ISSSTECh del gobierno de Chiapas” y afirmó que “se le considera El Rey del Pack en el sector”.

El Pack, según explicó, “es uno de los múltiples trucos que utiliza el IMSS del también chiapaneco Zoé Robledo para regionalizar la compra de medicamentos e insumos médicos, cuando muchos de ellos ya tienen proveedor asignado con contratos, a los que extorsionan y, si no cumplen, les envían invitaciones regionales con muchas claves y muchos fabricantes para entregar en dos días en forma urgente –con lo que nadie puede competir–, obviamente pagando a precios más altos en comparación con los licitados”.

El columnista señaló que “son las empresas con las que están complicitados las que, por supuesto, sí cumplen. Y ‘por la urgencia’ son adquiridos a precios exorbitantes”.

Subrayó que, “pese a la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Thomas Ulloa, ahora a través de sus subordinados en las áreas de adquisiciones Jorge de Anda, Karina Sarmiento y Daniel Ramírez, también se dedican a pedir favores para que los proveedores y fabricantes de medicamentos entreguen a precios inflados sus insumos o, de plano, dejen de ofertar en el estudio de mercado de Birmex para la adquisición de medicamentos, como lo instruyó AMLO y divulgó en una de sus cotidianas matinés.”

Y apunta que “esos cuatro personajes mencionados en el párrafo anterior son los mismos señalados en una cartulina donde los amenazan de muerte por favorecer a empresas con esas compras regionalizadas, cartulina que apareció junto con el cadáver de un puestero vendedor de dulces de la calle Durango, en la colonia Roma Norte, precisamente donde se encuentran las oficinas de Adquisiciones del IMSS.”

“Los mismos cuatro aseguran que, al fracasar Birmex, ellos podrán asignar directamente a precios inflados en las adquisiciones regionales del IMSS, las cuales siguen sin control.

“Ello no obstante que las áreas de inteligencia han descubierto una serie de irregularidades a cargo del mismo Eduardo Thomas, y que son dignas de los mejores momentos de los vilipendiados proveedores del sexenio pasado Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Ralca (¿o será que aún existen ellos detrás de otros jugadores?).”

Inclusive, Rodríguez avisa a tiempo de una estafa más en ciernes. Escribe que “hay evidencia de que un caso que ya se puede considerar como delincuencia organizada, en el que médicos del IMSS encabezados por el panista Efraín Arizmendi, en complicidad con las huestes de Eduardo Thomas, van a desviar la demanda de un medicamento para diabetes hacia otro”.

“Se trata –indica– de las claves para tratamiento de diabetes, con indicación terapéutica igual, 6008 y 6009, Empagliflozina de 10 y 25 miligramos, con las cuales pretenden comprar un mínimo de 336 mil 918 y un máximo de 842 mil 293 piezas y un mínimo de 956 mil 866 y un máximo de 2 millones 392 mil 164 piezas, ambas con un precio unitario de 430 pesos a la empresa Boehringer, por un monto de 1 mil 390 millones 816 mil 510 pesos, en contra de la clave 6007, Dapagliflozina, que tiene un precio unitario de 253 pesos y un valor equivalente de 820 millones 258 mil 29 pesos”.

Y lanza las siguientes interrogantes: “¿Ahorros en la compra consolidada?

“No. Para nada. Solamente en esta clave pagarán 570 millones 559 mil 215 pesos más.

“¿Y qué va a opinar el área jurídica de Boehringer sobre el compliance de la empresa?

“¿O será que, porque es privada, tiene criterios más flexibles para fomentar su comercialización?

“Y a todo esto, ¿qué dice el OIC del IMSS?

“¿Tampoco le van a hacer caso… porque al fin y al cabo ya se van y no les va a pasar nada, como dicen los pillastres del Instituto que encabeza Robledo?”, concluye el muy leído columnista.

¿A eso se deberá entonces que anoche, tras más de tres horas de espera, el director del IMSS, Zoé Robledo, arribaraacompañado del gobernador Cuitláhuac García al Hospital General de Orizaba custodiado por un convoy de ocho camionetas?

¿A poco Robledo duda que Veracruz es “uno de los estados más seguros”? ¿Será que como reza el dicho popular: “¿el miedo no anda en burro”?

Anoche, por cierto, el notario público y ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que “un nuevo escándalo de corrupción toca la puerta de Palacio Nacional. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el IMSS pagó 397 millones de pesos a 12 empresas que no entregaron facturas y que no tienen forma de demostrar que fueron entregados los insumos; muchas de ellas ni siquiera son localizables. Esto sólo es la punta del iceberg de una investigación mucho más profunda que hoy se lleva a cabo. ¿Qué pasa presidente, no decía usted ayer de que esto ya no pasaba? Sí pasa, y pasa mucho más que nunca.”