Humberto Aguilar/¿Pagamos para pegarle?

¿Pagamos para pegarle?

Hace 38 años, el entonces Presidente José López Portillo y Pacheco expresó un 7 de junio de 1982, a propósito de la celebración del día de la libertad de expresión, una frase que se quedó para la posteridad, pero que dio inicio a una época de sumisión de varios medios de comunicación y de tiempos difíciles para el periodismo mexicano. Ese día sentenció, a propósito de la cancelación de la publicidad oficial a la revista Proceso: “no pago para que me peguen”, en clara referencia a que no se permitiría que un medio de comunicación que disfrutara de los jugosos convenios que representaba la publicidad del Gobierno de la República, fuera un medio crítico al propio gobierno y al Presidente.

Al margen de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo –según la UNESCO, desde 1993 y hasta junio de 2019, en México hubo 108 periodistas muertos, solo superado por Irak– también es cierto que los medios de comunicación tradicionales siempre se apegaron a los mandatos del poder. El periodista Jesús Manuel Hernández en su columna de Los Periodistas de ésta semana, documenta muy bien lo que sucedió durante muchos años en Puebla para que el gobernante tuviera el control de los medios de comunicación.

Durante muchos años la verdad del gobierno era la verdad compartida por los medios de comunicación que se llegaron a identificar como “medios oficiales”. No tenían cabida las voces disidentes de la oposición, pero se respetaba la libertad de expresión, ese derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por supuesto, en nuestra Constitución General de la República, que señala “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, y pone cuatro limitaciones: En caso de ataques a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, cuando se provoque algún delito o cuando se perturbe el orden público.

Traigo a la memoria lo que señala la Constitución, porque hace unos días el Presidente, otro López, pero ahora Obrador, en una de sus tantas ocurrencias, dijo que los medios detractores a su gobierno se deberían ir preparando porque está buscando la manera en que van a cooperar con su proyecto transformador. Es decir, que si le quieren pegar, van a tener que pagar.

Sí, leyó usted bien. Al afirmar que es el Presidente más atacado en la historia de México, seguramente ya se le olvidó que él mismo fue el atacante número uno de los Presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, está buscando como intimidar a los medios de comunicación y a los periodistas críticos que en toda democracia deben existir.

Por eso es altamente preocupante que un Presidente que juró respetar la Constitución y las leyes cuando asumió su encargo, ahora esté pensando en voz alta para provocar un debate que tiene perdido si es que seguimos viviendo en democracia. En caso contrario, estará diseñando un modelo político en donde la censura tendrá cabida en el autoritarismo presidencial o en uno dictatorial.

Coincido con el jurista Miguel Carbonell cuando sostiene: “la libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y posibilidad de un régimen democrático”.

El Presidente en su ocurrencia, no dijo si ese “moche” iba a ser vía un impuesto, una cooperación voluntaria, o a través de grupos de “malandros” que se dedicarán a amedrentar a quién opine contra López Obrador y a cobrarles la osadía de ejercer su libertad de expresión.

Quizá pueda callar algunas voces en algunos medios de comunicación, pero no podrá callar las voces libres que a diario se manifiestan en periodismo de investigación, columnas de opinión, o en comentarios y cápsulas en las redes sociales.

Nadie le ha dicho que las redes sociales no son medios de comunicación que requieran del apoyo de la publicidad oficial, y que cada usuario de Twitter, Facebook o WhatsApp es un critico en potencia de su gobierno, al que no podrá censurar y mucho menos amedrentar.

Lo que si debe hacer el Presidente y a lo que está obligado, es a informar de manera oportuna y transparente el verdadero número de contagios y muertes por el coronavirus; los auténticos números en cuanto a homicidios y delitos cometidos en lo que va de su administración, y la triste realidad por la que atraviesa nuestra economía.

El Presidente debería defender esa frase que le atribuye su biógrafa a Voltaire en la obra Los amigos de Voltaire, que por cierto no era nada conservador, “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, porque si no lo hace, muchos le empezarán a gritar por todas partes debido a su activismo verbal lo que él le espetó alguna vez al Presidente Vicente Fox en la campaña presidencial del 2006, “cállate chachalaca”.