Andi Uriel Hernández Sánchez/Unas las promesas, otros los hechos

El Paquete Económico 2025, oficialmente entregado por el gobierno federal a la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre, revela la difícil situación financiera que enfrenta el país, la imposibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de cumplir sus promesas para mejorar la vida de los mexicanos y también la urgente necesidad de una reforma fiscal para cobrarle más impuestos a los multimillonarios.

Las promesas sobre un “segundo piso de la transformación” quedarán en el puro discurso porque del análisis del proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno, se desprende la conclusión de que al pueblo le esperan menos obras públicas y pésimos servicios básicos

Un primer desacierto del gobierno de la doctora Sheinbaum está en plantear un escenario demasiado optimista para la economía del país. La Secretaría de Hacienda calcula un crecimiento del 2.3% del Producto Interno Bruto, una inflación de apenas 3.8% y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar. Estima también ingresos petroleros por 1.1 billones de pesos, como consecuencia del aumento de la producción y refinación del hidrocarburo.

Sin embargo, de acuerdo con medios especializados como Bloomberg News, las principales instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional, calificadoras financieras y grandes bancos, calculan que el crecimiento económico de México apenas superará el 1% en 2025.

Además, el crecimiento de la inflación y la paridad del peso frente al dólar son variables que pueden cambiar drásticamente una vez que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos y comience a cumplir sus amenazas arancelarias hacia nuestro país y tal vez las deportaciones en masa.

Partiendo de su idílico escenario, el gobierno federal se plantea ingresos por 8.05 billones de pesos, de los cuales 5.3 billones provendrán del cobro de impuestos, pero estima gastar 9.2 billones de pesos, una diferencia de 1.2 billones que planean obtener con nuevos préstamos. Esto significa que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el gobierno ingresará y lo que se gastará, será del 3.9% del PIB, lejos del 2% o 2.5% que los organismos internacionales consideran recomendable.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), de los 9.2 billones de pesos contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos, más del 60% se utilizarán para el pago de pensiones de los jubilados del gobierno, los programas sociales y para el pago de intereses de la abultada deuda heredada por el gobierno de AMLO, a este último rubro se destinarán 1.4 billones de pesos.

Y para sostener en pie estos compromisos sin cobrar nuevos impuestos ni aumentar los existentes como ha prometido la presidenta de la República, su gobierno continuará con la política de recortes al gasto social impulsada por López Obrador todo su sexenio. Nuevamente los rubros más castigados serán salud, seguridad, educación e inversión pública.

El sector salud sufrirá un recorte de más de 91 mil 691 millones de pesos (mdp), un 12.4% con respecto a 2024. Esto significa que la atención médica de los más pobres será sumamente deficiente, sin clínicas ni hospitales suficientes en cantidad ni calidad, sin médicos y sin medicinas; con esto se esfuma completamente la posibilidad de construir en México un sistema sanitario mejor que el de Dinamarca. Allá se gastan más del 4% del PIB en salud, aquí caerá del 2.8 al 2.4% del PIB, una comparación imposible.

A la seguridad pública se le recortan más de 39 mil mdp, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la que acaban de entregar nuevas facultades como investigar delitos o realizar trabajo especializado de inteligencia contra los cárteles de la droga, sufrirá una mochada del 30% de su presupuesto actual. Una es la promesa de mejorar la seguridad y combatir a la delincuencia y otra cosa será contar con el presupuesto necesario para lograrlo. Todo indica que continuará la política de abrazos y no balazos.

Otro rubro castigado será el de inversión en infraestructura pública, o sea en obras y mejoramiento de los servicios básicos, que será de apenas 996 mil mdp, 14% menos que al año pasado y que representará apenas el 8% del gasto neto total. Nótese cómo el gobierno gastará mucho más dinero en el pago de intereses de la deuda (1.4 billones) que en inversión pública.

La cosa no queda ahí, del total del gasto en infraestructura más de 60 mil mdp se destinarán al Tren Maya y la refinería Dos Bocas, mientras que 130 mil mdp se utilizarán para impulsar el sueño guajiro de la presidenta Sheinbaum de revivir una red ferroviaria de pasajeros en el país.

Para nadie es un engaño que en los últimos seis años del gobierno obradorista la infraestructura física del país se deterioró gravemente. Las carreteras están completamente destruidas, los hospitales, clínicas y escuelas en franco deterioro y la inversión para obras comunitarias como drenajes, aguas potables, pavimentaciones y centros culturales y deportivos casi inexistentes. Con Sheinbaum la tendencia seguirá siendo la misma.

Y así podemos continuar: el gasto en educación, ciencia y cultura sufrirán recortes por más de 15 mil mdp, ¿así llegaremos a ser una potencia económica de primer mundo? Y el gasto en medio ambiente será 40 mil mdp menor al actual y lo bueno es que la presidenta es doctora especializada en medio ambiente y energías renovables.

Por otro lado, Pemex recibirá transferencias por más de 462 mil mdp sólo para el pago de sus deudas, a pesar de que no es una empresa rentable, pues lleva varios trimestres reportando pérdidas millonarias en el negocio de la refinación petrolera y bajando su producción de crudo. A pesar de todas las ayudas del gobierno de AMLO continúa en quiebra y sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo.

Es cierto que, por ahora, el gasto en programas sociales continuará rondando el billón de pesos, pero esa situación no se mantendrá eternamente. Ya se ve como no es posible seguir creando programas de transferencia monetaria a capricho, pues el de becas para jóvenes de secundaria apenas recibirá un presupuesto de 41 mil mdp frente a los más de 500 mil mdp que recibirá el de adultos mayores.

Y también va quedando claro que con el dinero de los programas sociales es imposible atender todas las inmensas necesidades y carencias que hay en los pueblos y colonias populares pues, aunque esos apoyos en algo sirven para las familias humildes, no resuelven de fondo ni la pobreza ni las carencias sociales que provocan marginación.

Ante este sombrío panorama cada vez son más las voces, incluso desde dentro del propio gobierno morenista, las que claman por una reforma fiscal progresiva. Incluso algunos bancos y hombres de negocios han sugerido la posibilidad de que se realice siempre que “haya consenso entre todos los sectores económicos del país”.

Según el economista Mario Maldonado, quien escribe para El Universal, una de las medidas que el gobierno discute en privado es la posibilidad de cobrar impuestos a las inmensas ganancias de los bancos, que en los últimos cinco años fueron de un total de 989 mil mdd, sólo 273 mil mdp el año pasado.

Pero también sería necesario cobrar más impuestos a las utilidades de los grandes consorcios comerciales e industriales del país, a las herencias que superan varios millones de pesos y, en general, impuestos fijos a las grandes fortunas nacionales y extranjeras asentadas en México que son resultado de la explotación de las riquezas naturales de la nación y de la mano de obra barata de los mexicanos. Tal como ocurre en muchos países de capitalismo avanzado en el mundo.

Muchos analistas se cuestionan el porqué la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado titubeante y hasta temerosa con respecto a este tema, pues públicamente ha dicho que no ve la necesidad de ninguna reforma fiscal en el mediano plazo y que continuará apostando por la eficacia en el cobro de impuestos y en tomar medidas para evitar la evasión.

No parece congruente tomando en cuenta que tiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, prácticamente, está desmantelando al Poder Judicial que no podría revertir una eventual reforma de hondo calado.

Puede que la respuesta sea que para instrumentar una reforma tan profunda en la estructura económica de México hace falta mucho más que la buena voluntad del gobernante y el respaldo en las urnas, aunque sea de millones de votos: hace falta un pueblo organizado, politizado y dispuesto a defender su proyecto de país al costo que sea y eso no se ve por ningún lado.

Se requiere la decidida y consciente participación de las clases trabajadoras, las mismas a las que la 4T ha procurado desmovilizar, atacando a las organizaciones sociales y reprimiendo todo atisbo de manifestación, por lo que ahora son víctimas de su propio error. Así pues, a la presidente Sheinbaum no le queda otro camino que el de su predecesor, prometer justicia y bienestar al pueblo, mientras en los hechos se inclina ante los intereses del poder económico nacional y extranjero.

Solo un verdadero partido de los trabajadores podrá hacer las modificaciones y reformas profundas que nuestro país exige a gritos. Construir ese partido, es la gran tarea del momento.