Al pie de la letra

* COATEPEC: EL OTRO CÁRTEL DE ‘BOLA OCHO’

Los legítimos propietarios de terrenos e inmuebles que han sido despojados por una intrincada red de abogados corruptos coludidos con funcionarios estatales y municipales, notarios públicos así como con jueces y fiscales del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General del Estado siguen percibiendo con preocupación que, a pesar de la atención que han prestado a sus denuncias la gobernadora Rocío Nahle y su secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, los juicios civiles y los procesos penales no avanzan con la celeridad que esperaban no obstante la contundente legalidad de los testimonios y pruebas documentales que han presentado para su pronta y favorable resolución.

El caso que acaba de exhibir Francisco Javier Carrión Cuéllar, legítimo dueño del predio “María Sánchez”, con superficie de 17 mil 988 metros cuadrados, ubicado en la esquina Noreste que forman las calles Riva Palacio e Ignacio López Rayón, en el vecino municipio de Coatepec, pone al descubierto de qué tamaño es este fraudulento negocio para sus ilegales posesionarios.

Dicho terreno, que le fue heredado a Carrión Cuéllar por su madre –según consta en el testamento inscrito por el fedatario Carlos Prieto Aceves, titular de la Notaría Pública número 40 de la Ciudad de México–, cuenta con canchas de futbol soccer que son arrendadas a equipos regionales y que, además, generan jugosas ganancias por consumo de comida y bebidas de los centenares de aficionados que acuden a ver cada partido. Se estima que los posesionarios de este predio, nada más por este negocio, perciben alrededor de 250 mil pesos mensuales como mínimo. Sin embargo, también arrendan el predio para todo tipo de fiestas que regularmente terminan de madrugada, lo que ha provocado la protesta de los vecinos por los escándalos de los asistentes que no sólo consumen alcohol sino presuntamente drogas también. Y, por si fuera poco, le sacan raja como estacionamiento ya que colinda con el recinto donde el Ayuntamiento de Coatepec organiza cada año la concurrida Feria del Café.

El caso del predio “María Sánchez” se viene a sumar a otros que fueron encubiertos por la anterior administración del exalcalde Raymundo Andrade Rivera, un protegido de Eric Cisneros Burgos, quien ejerció un inmenso poder como secretario de Gobierno en el sexenio del exgobernador Cuitláhuac García.

Cisneros, quien tiene familiares muy cercanos en el negocio inmobiliario, inclusive construyó una inmensa mansión en un fraccionamiento residencial de Coatepec, donde llegó a radicar desde la sucesión de 2018, procedente de Baja California Sur, entidad a la que sus padres lo llevaron a vivir en su adolescencia al salir de Otatitlán, un pequeño municipio ubicado a orillas del río Papaloapan.

Por eso no es casual que en este despojo inmobiliario estén implicados personajes como José Luis Monge Aldana, quien con la complicidad del exalcalde morenista Raymundo Andrade pretende adueñarse del predio.

Carrión Cuéllar, el legítimo propietario, comenta que el operador de este fraude fue Edson Tejeda Corona, quien fueregidor con el exalcalde Andrade Rivera. Edson está casado con Elisa Monge, sobrina de José Luis Monge, quien explota el predio para actividades recreativas y las escandalosas fiestas de “luz y sonido”.

A este cártel inmobiliario implican también a René Ortiz Sartorius, un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado que Cisneros Burgos controlaba desde la Secretaría de Gobierno.

“Tengo la documentación, evidencia, que hay una colusión del juez René Ortiz Sartorius para bloquear la justicia, se ha dado usurpación de funciones de la auxiliar administrativa, porque no tiene facultades para negar audiencias de fondo; ella sólo puede dar fechas de cuándo se haría, porque ella sólo firma y Sartorius confirma, cuando yo solicito la recusación del juez por estar claramente apoyando a los Monge y ser imparcial en el juicio”, dice Carrión, quien puntualiza que el juez “responde que él no negó las audiencias sino que la negó su auxiliar administrativa y él reitera que lo hace con sus facultades de acuerdo al artículo 32 y 33 de la Ley Orgánica, pero si revisamos esa ley claramente no tiene facultades. Entonces, el mismo juez está incurriendo en la falta de no actuar y eso claramente es muy sospechoso porque está bloqueando a la justicia y negando, dos veces, la audiencia.”

La denuncia contra José Luis Monge Aldana y familia viene desde el año 2022, pero hasta ahora la justicia no ha podido llegar. Asegura que tiene la documentación y la evidencia de que hay una colusión del juez Ortiz Sartorius y de su auxiliar administrativa para bloquear la justicia. “Se ha dado usurpación de funciones de la auxiliar administrativa, porque no tiene facultades para negar audiencias de fondo; ella sólo puede dar fechas de cuándo se haría, porque ella sólo firma y Sartorius confirma cuando yo solicito la recusación del juez por estar claramente apoyando a los Monge y ser imparcial en el juicio”, dice.

“Él responde que no negó las audiencias, sino que la negó su auxiliar administrativa, y él reitera que lo hace con sus facultades de acuerdo al artículo 32 y 33 de la Ley Orgánica, y si revisamos esa ley claramente no tiene facultades. Entonces, el mismo juez está incurriendo en la falta de no actuar y eso claramente es muy sospechoso porque está bloqueando a la justicia y negando, dos veces, la audiencia”.

Refiere que el jueves de la semana anterior la volvió a solicitar. “Primero la solicitó mi asesor legal, luego lo solicitó la persona que tiene la posesión derivada y yo como víctima, en apego al artículo 111 del Código Nacional que dice que es un derecho personalísimo, y la Constitución en el Artículo 20 dice que las medidas cautelares y de protección a los individuos son de manera individual. Entonces el jueves la volví a presentar y pido, firmemente y enérgicamente al Tribunal Superior de Justicia que la Sala Primera, antes de salgan en 15 días de vacaciones, dé la audiencia y, además, que dé favorablemente la restitución”.

Explica que lo fundamenta claramente en una toca emitida por el Tribunal Superior de Justicia. “Ellos, en su análisis, dice que hay más de 27 pruebas en donde yo tengo la posesión y Blanca Vanesa González Olmos la posesión derivada”, puntualiza.

“También los Magistrados, claramente en su resolución, dicen que se superó por mucho lo que se necesitaba para vinculación a proceso que eliminó el juez Sartorius, justificando en que, absurdamente, porque viola el Código Penal, porque ese era un asunto civil, y que se tenía que dirimir de otra manera. Y luego, también dice que no se da el despojo porque nada más despojaron 17 mil 600 metros y que no sacaron a la persona que vivía ahí, de su hogar, y con eso justifica supuestamente que no hay despojo, lo cual es totalmente violatorio porque es un solo predio, tiene una sola toma de agua”, detalla.

“A Blanca Vanesa –como están las denuncias, que tampoco tomó en ninguna consideración el juez: amenazas, armas de fuego, corretearon con machete a la familia para sacarlos de ahí– le han destruido su parte exterior de la casa para amedrentarla y amenazarla para que se retiren. Todo eso no lo consideró de ninguna manera el juez. Sólo se fue a que esto era civil y lo cual es violatorio porque el artículo que corresponde para los delitos de despojo dice perfectamente que el despojo se da aun cuando la propiedad esté en disputa”.

Carrión Cuéllar está pidiendo que la Fiscalía ya judicialice la carpeta de investigación. “Hay falsedad de declaraciones de los Monge ante el Juez. Hay fraude procesal, falsedad de declaraciones, manipulación de documentos para engañar a una autoridad judicial”, afirma mostrando el legítimo testamento de su madre.

“Aquí está todo el tracto sucesivo que demuestra que el Cartel Inmobiliario está operando para despojar a personas con legítimas propiedad de sus predios. Entonces, insisto, tengo denunciada en la Contraloría del Tribunal de Justicia a la licenciada Quetzalli Cárdenas Argüelles por negar las audiencias sin facultades, en obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Ella es Auxiliar administrativa de la Sala penal número 1 de Coatepec”.

E insiste en que “ya quedó plenamente acreditada la posesión legítima y de buena fe del predio por las víctimas desde el 2006; la ocupación ilegal por los imputados desde el 17 de junio de 2018; la colocación de postes y malla ciclónica los días 7 y 11 de enero del año 2022, y la identidad del inmueble mediante dictamen pericial”.

“Tenemos documentado el saqueo del inmueble clausurado el 21 de enero del 2026; el 24 de febrero tenemos violación con acompañamiento de policía municipal de los sellos; luego tenemos trabajos no autorizados dentro del predio clausurado, el 1 de marzo de 2026”.

Exonera a la actual administración municipal que preside el también morenista Jorge Ignacio “Nacho” Luna Hernández, al cual le ha pedido intervenir. Sin embargo, refiere que lo que le dicen los departamentos Jurídico y de Comercio del Ayuntamiento es que los antecesores “se llevaron todo el expediente”. No obstante, aclara que toda esa documentación la tienen en su poder tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal Superior de Justicia del Estado.