Han sido múltiples las capacitaciones y los consejos-, para los presidentes municipales electos a fin de eficientar su gestión en los próximos cuatro años. Sin embargo, entre estas destaca la recomendación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de crear un departamento de Justicia Ambiental.
Según la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la justicia ambiental es el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambiental
Incluso, por decreto de la Casa Blanca, toda oficina federal debe incluir la justicia ambiental en su misión e identificar y estudiar los efectos adversos y desproporcionadamente altos que sus programas, políticas y actividades tienen en la salud humana y el medio ambiente de las minorías y los sectores de bajos ingresos, en los Estados Unidos y sus territorios.
El grupo denominado Interagency Working Group on Enviromental Justice (IWG), también por sus siglas en inglés, se ocupa de reducir las disparidades en cuanto a la exposición a elementos nocivos, como el plomo, los desechos tóxicos, la contaminación del aire y los pesticidas, entre las minorías y el público en general.
En México, dicen los expertos, hasta hace dos años, no existía un marco jurídico adecuado para que las personas afectadas por un hecho que ocasionara daño ambiental, pudieran acudir a los tribunales para que el daño fuera restaurado o cuando menos compensado. Es decir, no había justicia ambiental.
¿Para qué la figura en el ámbito municipal? Porque lejos de crear más burocracia, la experiencia internacional arroja que con esta se propicia una significativa participación comunitaria pues como ejemplo de lo anterior, los residentes comunitarios potencialmente afectados tienen una oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su ambiente y/o salud. De estos casos en nuestro estado tenemos muchos que pudieran ser ilustrativos.

El sociólogo ambiental, como el mismo se denomina, Enrique Leff ha dicho con total razón que en la actualidad, la justicia ambiental se dirime en la arena política más que en las procuradurías ambientales y en los poderes judiciales, por lo que el contar con este tipo de áreas en los municipios, ayudaría a mitigar tal hecho. Claro, siempre y cuando sean ocupadas estas posiciones por expertos en temas ambientales y no por compadrazgos ni compromisos políticos.
¿Acatarán la recomendación de la Procuraduría Ambiental? Lo cierto es que se trataría de una figura indispensable para los ayuntamientos pues, cada uno, desafortunadamente, presenta problemas ambientales de diversa índole.
@YamiriRodríguez