Al pie de la letra

* ARGÜENDE YUNISTA

Hace una semana, el senador Fernando Yunes Márquez, del PAN, se ufanaba de que el pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión había aprobado por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por él para exhortar a la Secretaría de las Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a que investigara al gobierno de Veracruz por el presunto desvío “de cerca de 350 millones de pesos que debían ser destinados al Seguro Popular en los años 2011 y 2013”.

El viernes 25 de abril, en su cuenta de twitter, Yunes Márquez agradecía “de manera especial a los senadores del PRI que votaron todos a favor de ella”. Aludía, obviamente, a José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, los cuales avalaron sus señalamientos en contra del gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa.

En el caso de Yunes Landa se sabe que solicitó información al respecto y que el secretario de Salud, Juan Antonio Nemi, le entregó el 24 de abril una carpeta que incluía 14 anexos, con copias fotostáticas de oficios y documentos internos de la Secretaría de Salud, de la Contraloría General del Estado y hasta de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la auditoría número 785, de tipo “Financiera y de Cumplimento”, denominada “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos hace tres años por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

De entrada, se le detalló que el supuesto “uso indebido de recursos públicos del Seguro Popular” correspondientes al ejercicio 2011, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, importa –de acuerdo con el documento de la Comisión Parlamentaria– la cantidad de 235 millones 155 mil 813.46 pesos, que aparentemente comprendería la suma de diversas observaciones. Sin embargo, se le hace ver que la cifra de 72 millones de pesos se contabiliza doblemente en el documento de origen, lo que evidentemente es un error que derivó en el señalamiento de dos observaciones por el mismo importe cuando en realidad se trata de una sola, de menor cuantía que la señalada.

También se le advierte que el punto de acuerdo exhorta a que la ASF “pida informes a la Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz, del uso de recursos públicos federales de los años 2012 2013” cuando los señalamientos del propio pronunciamiento se refieren a 2011. “Es muy importante señalar que la Auditoría Superior de la Federación no determinó la existencia de irregularidades sino de observaciones sujetas, como establece la ley, a un proceso de solventación”, se le indica. Y en relación con el “Resultado Número 10” que corresponde a la auditoría practicada al ejercicio presupuestal 2011, le fue adjuntada la cédula de solventación que acredita la respuesta emitida en tiempo y forma ante las autoridades correspondientes. Adicionalmente le fueron remitidas también el resumen de las pólizas correspondientes a gastos de operación que acreditaron el correcto ejercicio del gasto público y el desglose por factura, como soporte de la relación anterior.

Asimismo, se le hizo la observación de que la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Veracruz pidió oportunamente al Director General de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado la emisión de un dictamen, y que el Órgano Interno de Control en SESVER solicitó la integración de la comprobación del gasto referido.

“Es pertinente comentar que en reciente visita a la Auditoría Superior de la Federación (3 de abril del año en curso), funcionarios de dicha dependencia únicamente requirieron un Dictamen emitido por el Órgano Interno de Control de SESVER, en el que determine si la documentación cumple con los requisitos legales y con los objetivos del fondo, mismo que se adjunta al presente. (Anexo 6)”, le refieren.

Respecto del presunto pago indebido de aportaciones patronales del ISSSTE y otras cuotas más, mediante la utilización de fondos del Seguro Popular, “por más de cien millones de pesos”, le enumeran que la solventación de esta observación fue atendida dentro del plazo establecido por la ASF; que la Clave de Acción 11-A-3000-02-0785-06-002 derivada del pliego de observaciones No. 10, a la cual se alude, proviene de una interpretación del Auditor al considerar, según su criterio, que dichas prestaciones relativas al personal contratado con recursos del Seguro Popular, conforme a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no deberían ser cubiertas con recursos del Sistema de Protección en Salud. “Frente a ello –se le expone–, el Gobierno del Estado de Veracruz estimó que las disposiciones normativas que regulan el ejercicio del gasto, no disponen tal restricción, por lo que se solicitó opinión técnica sobre este tema a diversas instancias. Es de destacarse que la mencionada clave de acción no fue exclusiva para el Gobierno del Estado de Veracruz, puesto que se trató de una medida presupuestaria generalizada por prácticamente todas las Entidades Federativas. La interpretación del Auditor, por otro lado, derivó del hecho de que éste utilizó el criterio contenido en el ‘Convenio General para la Contratación de Trabajadores Precarios’, formulado para el ejercicio 2008 y que notoriamente no tenía vigencia ni aplicación en 2011. A mayor abundamiento: en criterio emitido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud con oficio No. CNPSS/DGF/DGAS/111/2011, se dijo ‘…se considera la obligatoriedad continua por parte del Organismo a cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado… el Convenio General mencionado previamente sólo fue aplicable para el ejercicio fiscal 2008 sin que se desprenda mecanismo alguno del que pueda interpretarse que su vigencia se extiende por otros ejercicios fiscales.’ Dicho criterio fue reforzado en opiniones emitidas por la Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud con Oficio No. DGRH/0353/2012; de la Dirección General Adjunta de Normatividad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud con Oficio No. CNPSS/DGAF/DGAN/362/2013; y con Oficio No. 307-A-20.-174 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Finalmente, le remiten el Oficio No. AEGF/1413/2013, de Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la ASF, en el que como parte de las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno del Estado de Veracruz en defensa de la aplicación de las disposiciones normativas del ejercicio del gasto, “se determina la conclusión previa de la irregularidad anteriormente descrita, en virtud de haberse aclarado lo observado”.

En consecuencia, le resumen a Yunes Landa que “es posible afirmar que los recursos públicos correspondientes al ejercicio 2011 (107 millones 956 mil 405.14 pesos) y aportados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para Veracruz fueron aplicados correctamente, con apego a las normas y en cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades ejecutoras del gasto”.

Con toda esta información, sería el colmo que el aspirante del PRI a gobernador volviera a ser “chamaqueado” por su intrigante sobrino.