Al pie de la letra

* ¡SALIÓ EL PEINE!

Por lo que publicó este lunes 28 el periodista capitalino Miguel Badillo en su columna semanal “Oficio de Papel”, ahora sí parece quedar claro no sólo el abrupto “cese” del que fueron objeto en marzo pasado Gabriel Deantes Ramos y Edgar Spinoso Carrera –ambos, coincidentemente, ex titulares de la misma Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Sefiplan así como de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)– sino que explicaría también el intenso activismo que han empezado a desplegar en busca de una candidatura del PRI a la diputación federal para el año próximo otros prominentes funcionarios estatales, como el tesorero Antonio Tarek Abdalá Saad, de quien hasta hace poco se desconocía que tuviera este tipo de aspiraciones electorales.

Basado en los resultados de 680 auditorías practicadas al ejercicio de sólo 505 mil 720.2 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública de 2012, en los que la Auditoría Superior de la Federación descubrió irregularidades en el gasto del ejercicio federalizado en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal por un monto de 64 mil 333.5 millones de pesos –de los cuales, hasta hoy, no habrían sido debidamente aclaradas anomalías por alrededor de 23 mil 524 millones–, Badillo centró su atención en el caso de Veracruz por ser el estado al que se le detectaron los mayores desvíos y subejercicios por un monto de 13 mil 187.5 millones, que representan el 20.4 por ciento de todo el dinero en el rubro de gasto federalizado donde la ASF halló inconsistencias.

Según el autor de la columna “Oficio de Papel”, en Veracruz y en Sinaloa “de manera paralela a las auditorías realizadas por la ASF, se han iniciado diversas investigaciones en contra de funcionarios estatales, en las que participan conjuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la propia PGR.” Por ahora, añade, en ambas entidades podrían presentarse en breve “acciones administrativas y legales en contra de funcionarios estatales por estas anomalías, de acuerdo con el resultado que arrojen las investigaciones en curso.”

Y señala que “en el caso particular de Veracruz, se ordenó un rastreo minucioso de las cuentas bancarias, inversiones financieras, negocios y propiedades de varios funcionarios estatales, al presumirse que pudieran estar implicados en el desvío y malversación de recursos federalizados, de acuerdo con los resultados arrojados por las auditorías practicadas en ese estado por la ASF.”

Badillo refiere que hasta el momento, los dos funcionarios señalados como principales implicados en este manejo irregular de los recursos federalizados son Gabriel Deantes y Édgar Spinoso, los cuales “fueron removidos de sus cargos por el mandatario estatal Javier Duarte, como una medida preventiva a cualquier sanción administrativa o legal que pudiera presentarse más adelante a nivel federal en contra de ambos ex funcionarios”.

Deantes y Spinoso, afirma el columnista, “no son los únicos funcionarios estatales que son investigados por autoridades federales, pero son hasta ahora los principales implicados en el manejo irregular de los recursos federalizados. Por lo pronto la UIF realiza un rastreo a fondo de las cuentas personales de ambos ex funcionarios, así como de las cuentas de familiares cercanos y de probables prestanombres, y se han extendido las investigaciones a los últimos 4 años, es decir, a partir de 2010, fecha en que asumió Duarte la gubernatura de Veracruz”.

Badillo detalla que esta investigación es actualmente coordinada por Alfredo Revilak de la Vega, quien funge como director adjunto de Análisis Financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera, y quien es uno de los colaboradores más cercanos de Alberto Bazbaz, titular de esa dependencia, con quien trabaja desde que este último fungía como procurador general de Justicia del Estado de México.

Además de las cuentas, inversiones financieras, negocios y propiedades de los dos ex funcionarios veracruzanos, el columnista añade que la UIF rastrea también operaciones de personas y empresas vinculadas a estos ex funcionarios de Veracruz, entre ellos los hermanos Alfredo y César Spinoso Carrera, el primero licenciado en Ciencias de la Comunicación, y el segundo empresario, ganadero y licenciado en Administración de Empresas, ambos egresados de la Universidad de las Américas. César fue subdirector del Servicio Público de Carrera de la Sefiplan y actualmente es vocal de la Fundación Produce Veracruz (Funprover).

La empresa ligada a Spinoso que se investiga es Aledce, SA de CV, cuyo representante legal es su hermano Alfredo. Es una constructora que además renta maquinaria pesada. Sus oficinas se ubican en el boulevard Cristóbal Colón, en el fraccionamiento Jardines de Las Ánimas, en Xalapa.

Otros personajes investigados son José A. Ojeda Rodríguez, subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz; Eduardo Contreras Rojano, director general de Administración de la Sefiplan; el tesorero Antonio Tarek Abdalá Saad y tres empresas supuestamente vinculadas con este funcionario: Veintiocho Construcciones, SA de CV; Siete Caminos, SA de CV, y Sheba Constructora e Inmobiliaria, SA de CV.

Badillo consigna que “se tiene conocimiento de que en el caso de ambos ex funcionarios, pero sobre todo de Gabriel Deantes, la UIF detectó hasta el momento distintas operaciones consideradas como inusuales y relevantes, y se ubicaron transferencias y disposiciones en efectivo de recursos con montos millonarios realizados en cuentas personales o de otras personas, sobre todo en la primera mitad de 2012 y de 2013”.

Y afirma que “el SAT realiza también un monitoreo y cruce de datos de la situación fiscal de los funcionarios, empresarios y empresas antes mencionados, así como otros más que se agregarán en breve, de acuerdo con el resultado que arrojen estas investigaciones. Las autoridades buscan si hay desvío de recursos federalizados, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación y evasión fiscal, principalmente”.

De acuerdo con la información obtenida por el periodista, en los resultados de las auditorías practicadas por la ASF se revela que en el caso de Veracruz se encontraron desvío de recursos, subejercicios, dinero federal empleado para fines distintos a los etiquetados, así como gastos que no beneficiaron directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema. En total se determinaron 16 observaciones, de las cuales ocho ya fueron solventadas por el gobierno estatal, y las ocho restantes generaron dos recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, cuatro solicitudes de aclaración y tres pliegos de observaciones.