Al pie de la letra

La semana antepasada, en Amelco, fueron detenidos tres vecinos de esa congregación ubicada en el extremo sur del municipio de Apazapan, en los límites con los de Puente Nacional y Emiliano Zapata.

Se boletinó oficialmente que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), y en coordinación con la secretaría de Seguridad Pública (SSP), había logrado desarticular “una peligrosa banda de secuestradores que operaba en el puerto de Veracruz y municipios circunvecinos”, entre ellos La Antigua y Actopan.

Pero los tres detenidos, de acuerdo con su declaración ministerial y las versiones que corren en Amelco donde radican y son ampliamente conocidas y respetadas sus respectivas familias, no serían los verdaderos miembros de esa “peligrosa banda de secuestradores”. En todo caso, Israel Colorado García, de 51 años de edad, y los hermanos veinteañeros Erick Genaro y Fernando de Jesús Bonilla Castro fungían como los típicos “halcones” o mandaderos de los peligrosos criminales, los que a través de amenazas o por un modesto pago los habrían involucrado para vigilar la casa de seguridad o proveerles de alimentos. Y es que, hasta donde se sabe, a Colorado y a los Bonilla no se les requisó armamento y su situación económica es bastante precaria según el testimonio directo de sus parientes y otros vecinos de su comunidad, no obstante que presuntamente los familiares de los secuestrados por dicha banda habrían pagado millonarios rescates.

O sea que este golpe de la PGJE y de la SSP sólo ha tenido un espectacular efecto mediático a favor de la imagen de ambas instituciones y sus titulares pero en los hechos su efectividad es de cero en el combate real a la delincuencia, pues los secuestros y la inseguridad siguen prevaleciendo en esa deprimida región. Hace una semana, con graves huellas de tortura, fue liberado entre Cardel y La Antigua un hijo de un ex alcalde priista de Emiliano Zapata que había sido raptado hace 20 días. El ex munícipe, que ya había sido secuestrado también en 2013, tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero por la liberación del adolescente. Pero los plagiarios, hasta donde se sabe, aún no han sido detenidos.

Este domingo 2 –en alusión a la recién creada Coordinación Nacional Antisecuestro, encargada de la nueva estrategia nacional contra este delito en el que Veracruz se ubica entre los diez estados con el más alto índice delictivo en el país– la Arquidiócesis de Xalapa, en su comunicado número 190 titulado “Una lucha que tenemos que comenzar a ganar en el corazón del hombre”, reconoció que “(…) vemos con gran esperanza la manera como se está volviendo a tratar en México el tema de la inseguridad. Distintas organizaciones sociales, los medios de comunicación y las mismas autoridades están favoreciendo un nuevo acercamiento y análisis del tema de la inseguridad y la violencia para seguir revisando las estrategias que se han emprendido y no soslayar los casos preocupantes que se siguen presentando en nuestras comunidades.

“En muchos casos la percepción de los ciudadanos respecto al clima de violencia difiere mucho de los pronunciamientos oficiales y no simplemente por la sicosis que se puede crear o por los falsos rumores de gente irresponsable, sino por los casos de inseguridad que enfrentan todos los días. La sociedad tiene que convencerse de que se está actuando con determinación y no sólo para proteger la imagen. Reconocer oficialmente los hechos delictivos no debilita al gobernante, sino que lo muestra como un líder sensible y comprometido. El imperativo, pues, para un gobernante tiene que ser la protección de la sociedad, más que la protección de la propia imagen”.

Ya el 20 de enero, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, había advertido que en materia de seguridad no se puede cantar victoria en el país ni en el estado, “pues siguen los casos de extorsiones, de secuestros exprés”. Y reprobó que se busque silenciar a los medios de comunicación en temas de inseguridad, pues dijo que la sociedad debe estar informada. “Muchas veces quieren acallar a los medios para que no se den a conocer, eso es malo, porque prácticamente estamos engañando al pueblo, pensando que todo está seguro y no está tan seguro. Pienso que si la realidad es cruel tenemos que conocerla para defendernos de esta situación”, dijo el jerarca de la Iglesia católica porteña, quien desde mayo de 2013, con motivo del secuestro de dos seminaristas y la extorsión del administrador del Seminario diocesano, había dicho que si bien se ha notado un avance en el combate a la delincuencia organizada, aún veía muy lejano que Veracruz recupere la calma que necesita para garantizar la seguridad de todas las personas.

Ayer, la Arquidiócesis xalapeña en su comunicado dominical planteaba que “además de la labor tan destacada que vienen realizando las autoridades y las fuerzas del orden nos parece de vital importancia, para lograr las mejores condiciones de vida y de convivencia social, privilegiar la lucha contra la pobreza y la formación de valores. No se puede posponer la lucha contra la pobreza, ni tampoco se tiene que enfrentar con paliativos o dádivas que terminan por rendir culto a los actores políticos. Hace falta atender este problema de manera estructural y favorecer políticas que promuevan la creación de empleos de manera inmediata, especialmente para los jóvenes que tienen mayores márgenes de ser seducidos por las ofertas del crimen organizado”. En el caso de Amelco está un ejemplo claro.