Al pie de la letra

Omisión criminal

En Estados Unidos, Europa o hasta en algún país bananero de esta región continental –de esos cuyos atletas se mueren de ansias por venir a hacer turismo deportivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que iniciarán el 14 de noviembre próximo en Veracruz– ya habrían sido echados del poder todos los gobernantes y funcionarios implicados en una omisión criminal como en la que incurrieron desde hace un año en Iguala, Guerrero, las administraciones del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Ángel Aguirre Rivero por no investigar y proceder penalmente contra el alcalde perredista José Luis Abarca, señalado desde junio de 2013 como autor material de la tortura y muerte del líder de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, e implicado actualmente en el asesinato de 6 personas, 28 calcinados y 43 estudiantes normalistas desaparecidos en ese municipio guerrerense el 26 de septiembre pasado.

Luego de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, admitió que sí recibió al líder perredista René Bejarano pero que éste nunca le presentó pruebas en contra del alcalde prófugo de Iguala, y que además el homicidio de Hernández Cardona era un asunto del fuero común que ya llevaba la Procuraduría de Justicia de Guerrero, Bejarano respondió ayer en un noticiero radiofónico que “ahora se trata de evadir responsabilidades que cada quien tiene”, pero sostuvo que tanto la PGR como la Secretaría de Gobernación –a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)– pudieron haber investigado desde el año pasado al alcalde Abarca y “quizá no hubiera pasado lo de Iguala”.

“¡Cuántas cosas tuvieron que pasar para que finalmente tuvieran que intervenir!”, lamentó Bejarano, quien recordó que fue citado por Murillo Karam en la sede de la PGR el martes 2 de julio de 2013 a las 8 de la mañana, y en cuya reunión, de casi 90 minutos, participaron también la subprocuradora Mariana Benítez y la diputada federal del PRD, Aleida Alavez.

Al no recibir respuesta de la PGR durante más de un mes, dijo que persuadió a Nicolás Villa, testigo de los asesinatos, para que rindiera su declaración ante un notario público, ya que por temor desconfiaba hacerlo ante una Agencia del Ministerio Público. El 7 de agosto de 2013 fue confirmada el acta notarial, con una imputación directa contra el alcalde de Iguala.

No obstante, ocho días después, en Acapulco, el procurador Murillo Karam dijo que los delitos eran del fuero común y declinó atraer el caso, pese a que como ya se lo había expuesto directamente Bejarano, el hecho denunciado implicaba el uso de armas de uso exclusivo del Ejército, desaparición forzada, secuestro, tortura y presunción de delincuencia organizada y “lavado” de dinero.

Ante la evasión del titular de la PGR, buscó al secretario de Gobernación. El jueves 14 de noviembre de 2013 fue recibido por el titular de la SEGOB en unas oficinas alternas en Polanco. Pero dice que Osorio Chong tampoco accedió a investigar a través del CISEN.

Bejarano refirió que también su esposa, la senadora Dolores Padierna, presentó el 5 de junio de 2013 –dos días después del hallazgo de tres cadáveres en Iguala, entre ellos el de su amigo y aliado Hernández Cardona– un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Comisionado Nacional de Seguridad diera un informe sobre lo ocurrido en ese municipio de Guerrero.

Después, dijo, fue aprobado un punto de acuerdo en el que la Comisión Permanente solicitaba a la PGR ejerciera su facultad de atracción para aclarar estos hechos acontecidos en Iguala. También, expuso, el gobernador Ángel Aguirre pidió oficialmente que se atrajera el caso porque se presumían delitos de carácter federal.

¿Por qué Murillo Karam y Osorio Chong no actuaron a tiempo? Del titular de la PGR ya no sorprende: a finales de octubre de 2013, por ejemplo, senadores de todos los partidos políticos, incluido el PRI, aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el legislador panista Fernando Yunes Márquez, por el que se exhortaba a la PGR a que a la brevedad les informara si ya se había iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones de José Carlos Hinojosa –quien hasta el año 2001 se desempeñó como agente del Ministerio Público federal en Miguel Alemán, Tamaulipas, y luego fungió como contador del Cártel del Golfo–, el cual, ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas había afirmado que en 2004 entregó la cantidad de 12 millones de dólares al entonces candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Además, el punto de acuerdo de la Cámara de Senadores sostenía que en caso de que la PGR aún no hubiera analizado el caso, se le exhortaba respetuosamente para que determinara si era legalmente viable iniciar las investigaciones correspondientes, contemplando, en su caso, solicitar al gobierno de los Estados Unidos, por las vías diplomáticas adecuadas, copia del expediente del juicio antes mencionado.

Ya pasó casi un año del “respetuoso exhorto” de los senadores y hasta la fecha se ignora si la PGR les informó cuál es la situación legal del ex gobernador Herrera. Y ni Yunes Márquez, del PAN, ni los priistas Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla han vuelto a tocar este delicado asunto.