Al pie de la letra

Entrevistado el pasado jueves 2 mientras realizaba su pago del impuesto predial, el alcalde xalapeño Américo Zúñiga Martínez fue abordado por un grupo de reporteros que le preguntó acerca de los 30 millones de pesos que supuestamente le dejó en caja la administración de la ex presidenta municipal Elizabeth Morales.
Lo que llamó la atención fue la respuesta del ex diputado local, quien literalmente respondió: “Lo estoy corroborando, no puedo decirlo; estamos haciendo una revisión seria sobre esos enunciados que hasta este momento esos son: enunciados”.
Zúñiga Martínez dijo que aún no encontraban esos recursos pero que de acuerdo a la ley todavía contaban con un mes para la revisión de las finanzas municipales.
Pero hasta ahora, según ha trascendido, de los 30 millones que supuestamente les dejaron en caja sólo encontraron 5 millones, razón por la que la administración que preside el ex secretario de Trabajo no sólo ha tenido que solicitar crédito a algunos proveedores –como por ejemplo a las tiendas de juguetes del diputado local Ricardo Ahued, las cuales resolvieron su apuro de cumplir con la tradicional celebración del Día de Reyes con niños xalapeños de colonias marginadas–, sino que muy posiblemente también esta primer quincena tenga que dejar pendiente el pago de la nómina de los nuevos funcionarios y empleados municipales de confianza, situación que obviamente ha causado un serio malestar en ese círculo de la burocracia del ayuntamiento capitalino.
Precisamente Zúñiga ha tenido que echar mano de sus habilidades políticas para atemperar los ánimos de algunos de sus más cercanos colaboradores que han ido descubriendo situaciones irregulares que jamás imaginaron, entre ellas el saqueo de los 30 centros de cómputo con servicios de internet e impresión gratuitos, en los que oficialmente se invirtieron 20 millones de pesos. Por estos módulos, que constaban de 8 computadoras y una impresora cada uno, el Ayuntamiento de Xalapa obtuvo en octubre pasado el Premio Nacional en la categoría de Educación otorgado por primera vez a un municipio local por el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM). Sin embargo, al mes siguiente, la aún alcaldesa Morales decidió transferir legalmente a la Universidad Veracruzana estos centros de cómputo que en la actualidad están totalmente vacíos y abandonados en colonias del centro y periferia de la ciudad.
En su tercer y último informe de gobierno, el lunes 16 de diciembre –única ceremonia municipal a la que accedió asistir el gobernador Javier Duarte, quien acababa de retornar de su viaje al Vaticano–, la alcaldesa Morales presumió que Xalapa era el único municipio que había cumplido con el pago de las obligaciones contraídas por concepto de laudos; dijo que se concluyeron 42 juicios laborales y se cumplió puntalmente con el pago de obligaciones laborales. Pero ahora la nueva administración que preside Zúñiga acaba de recibir 400 demandas legales de empleados de confianza que sirvieron el trienio anterior.
Es más, el pasado viernes 3, los operadores políticos del flamante munícipe priista tuvieron que encarar la primera manifestación de un centenar de colonos de diversos asentamientos de la ciudad que denunciaron una serie de obras que habrían sido reportadas como hechas pero que no se realizaron o concluyeron. Exigieron auditar y fincar responsabilidades a la administración de Elízabeth Morales, petición que indudablemente colocaría a Américo en una incómoda disyuntiva legal y política ya que ha trascendido que ante el veto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI al ex alcalde boqueño Salvador Manzur Díaz para presidir el partido tricolor en Veracruz, el gobernador Duarte de Ochoa habría propuesto a la ex alcaldesa capitalina para dirigir al priismo en la entidad.
Seguramente, en los días por venir, los cuestionamientos sobre Morales García arreciarán ante la creíble versión de su arribo a la presidencia del CDE del PRI, pues también es obvio que su inesperada promoción partidista repercutiría en contra de los intereses personales de algunos militantes y en los grupos de poder del partido tricolor. Y es que, por ejemplo, una de las afectadas directamente con la designación de Elizabeth sería la ex regidora xalapeña Corintia Cruz Oregón, quien por razón de género, acorde a los estatutos priistas, era perfilada como secretaria general en la fórmula encabezada por Manzur.