Sospechosa omisión de la FGR 

La claridad en las responsabilidades es la mejor manera de conducir al gobierno, particularmente en circunstancias difíciles. Una expresión autoritaria en el ejercicio del poder es hacer un solo objetivo los intereses del grupo en el poder con los del país. En tiempos de Manuel Barttlet, secretario de Gobernación, el fraude patriótico aludía a la licencia que se daba el régimen a sí mismo para alterar el sentido del voto. Ocurrió en Chihuahua, justo donde el régimen de ahora invoca la defensa de la soberanía a manera de anular al adversario y desacreditar al gobierno opositor.

El escándalo en el INE ha adquirido dimensiones mayores. Convergen la importancia del asunto y la evidencia audiovisual y sus personajes que, por mucho, superan a la más torcida imaginación. El régimen advierte la magnitud de la herida y hace todo para trasladar la responsabilidad al pasado, a pesar de que el IFE y ahora INE han gozado de singular y extraordinaria credibilidad y confianza, a pesar de que el obradorismo, de siempre, los ha cuestionado.

La polémica, el debate y la información deja en claro no sólo un asunto de corrupción, extraordinariamente burda y grotesca. Queda expuesto que el INE dejó de ser lo que era, no sólo por la venalidad de su consejera presidenta y cómplices consejeros y facilitadores, sino por la captura del órgano electoral. La corrupción desbordada y generalizada llegó con la apropiación del INE por parte de Morena con el arribo de la señora Taddei y otros seis consejeros. Esto significa que el origen de la descomposición fue la pérdida de independencia del órgano electoral y, también, la del régimen de decisiones colegiadas del Consejo General en designaciones relevantes de los directivos del Instituto.

De todo lo acontecido a la fecha, se abre una estrecha ventana de oportunidad si es el caso que se consolida una nueva mayoría en el Consejo comprometida en recuperar la independencia y gestión compartida del INE, que a su vez daría espacio al profesionalismo, extraviado en los años de Taddei. Una nueva mayoría es más plausible que una actitud distinta del régimen político, como ha quedado evidente en la manera como ha respondido ante la crisis. Incluso desde el gobierno, su partido y legisladores hay una campaña de desprestigio del INE y de paso le han disminuido de manera importante su presupuesto en un año electoral.

Una omisión sospechosa que la FGR no haya actuado con prontitud a pesar de que las pruebas sean escandalosamente evidentes; además el INE, con el aval de su Consejo General presentó la denuncia respectiva. La omisión hace pensar en dos hipótesis: primera, que la renuncia de la señora Taddei fue condicionada al compromiso de no proceder penalmente; segunda, la preocupación que pudiera declarar sobre irregularidades graves, especialmente en materia de financiamiento de la elección de 2024.

La omisión da ocasión a que los responsables se sustraigan de la justicia, que puedan ocultar o trasladar a lugares seguros los recursos mal habidos o del enriquecimiento indebido. ¿Dónde está Guadalupe Taddei? ¿En Estados Unidos en búsqueda de criterios de oportunidad por delitos derivados de financiamiento de criminales a Morena y sus candidatos en la elección de 2024? ¿Dónde está el empresario José Alfredo Hernández Casillas y asociados, quien amenazó a la señora Taddei si alguna autoridad procedía en su contra y que contaba con testimonios depositados en distintos países para tales efectos?

La omisión de ahora invita a la sospecha. En este caso ni siquiera se puede invocar la falta de pruebas o que no se ha formalizado la denuncia para proceder a las indagatorias y a las medidas precautorias para que los presuntos responsables no se sustraigan de la justicia.

La presidenta Sheinbaum, como en su momento lo hiciera su antecesor, hacen del interés del régimen político prioridad. Se desentienden de su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. La FGR no actúa porque está sometida al interés del régimen; su titular es Senadora con licencia. Esto significa que las autoridades al más alto nivel hacen valer el interés político del grupo gobernante y no el del país. La omisión es a costa de su investidura y como en los peores momentos de la vida pública, el partido por delante de la legalidad, del interés del país.

Un INE descompuesto e intencionadamente desacreditado es funcional a lo que todo proyecto autoritario pretende: alejar del horizonte la amenaza el voto libre ciudadano y de paso, en su momento, transformarlo para integrarlo formalmente a la estructura del gobierno.