Pablo Jair Ortega/Columna sin nombre
La Verdad
Adicto como es a los reflectores, este jueves el Fiscal General del Estado envío al Congreso una solicitud para “comparecer” ante la comisión correspondiente y explicar el tema de las fosas que han sido descubiertas de manera reciente en los predios de Colinas de Santa Fe y en el panteón de Palo Verde.
En su escrito, el Fiscal dice que quiere reunirse con los legisladores para que éstos “conozcan la verdad (histórica) sobre este tema”.
En días anteriores el funcionario adjudicó a gestiones pasadas la responsabilidad sobre la falta de resultados en torno al tema de las personas desaparecidas en Veracruz, muchas de las cuales se infiere habrían acabado en fosas, regadas a lo largo y ancho del estado.
El padre Alejandro Solalinde ha sido enfático al respecto y ha calificado a Veracruz como el cementerio clandestino más grande de México.
La petición del Fiscal tiene esencialmente un sentido político, nada que ver con atender una circunstancia que es una tragedia social en Veracruz.
Las explicaciones y, sobre todo, la verdad, antes que los legisladores, las necesitan las miles y miles de familias que luego de años no saben cuál fue el aciago destino de su ser querido, que un día desapareció en el marco de la acción impune de grupos delincuenciales y también de elementos policiacos.
La Fiscalía General del Estado tiene una enorme deuda con las familias de esas víctimas, a quienes no sólo les arrebataron a un padre, un hijo o un hermano, sino que les quitaron su derecho a la justicia y su derecho a enterrar y llorar a sus muertos.
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