Penales de Poza Rica y Misantla, con hacinamiento: CEDH

XALAPA, Ver., 15 de abril de 2018.- En este momento sólo hay dos Centros de Readaptación Social (Cereso) en la entidad con problemas de hacinamiento, aseguró la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez.

«Tenemos el reporte de que los penales de Misantla y de Poza Rica son los que en este momento presentan problemas de hacinamiento y se hicieron las observaciones correspondientes a la dependencia encargada de los Ceresos».

Señaló que la CEDH tiene la obligación de visitar tres veces por año este tipo de lugares; sin embargo, durante el 2017 lo hicieron en siete, debido a las diversas circunstancias que se detectaron.

Dijo que constantemente se realizan visitas a los centros penitenciarios de todo estado y ahí charlan con los reclusos y hacen algunos estudios para verificar el respeto a los derechos humanos.

Comentó que por ejemplo en el penal de Amatlán, donde recientemente se presentó un motín, se había detectado falta de medicamentos para los internos, entre otras problemáticas de calidad de vida.

“Tenemos reportados dos con sobrepoblación, uno es Poza Rica y el otro me parece que es Misantla, si mal no lo recuerdo, y ya se hicieron las observaciones pertinentes, en ambos casos ya se hizo la observación de que hay más número de personas privadas de la libertad que la capacidad de las instalaciones”.

Por otra parte, Namiko Matzumoto señaló que hay entre un 70 y un 80 por ciento de cumplimiento de los puntos recomendatorios específicos y un 99 por ciento de aceptación de parte de las autoridades.

También mencionó es muy importante reforzar a la Comisión de Atención a Víctimas, ya que ésta es la directamente encargada de vigilar que se brinde una reparación integral a las víctimas de violación de derechos humanos.

La Ombudsman estatal aseguró que hay que dotarla de recursos para reparación del daño al fondo de ayuda, aunque ya el hecho de que las autoridades acepten estas recomendaciones muestra su voluntad de incorporar los derechos humanos en el ejercicio de los funciones de los servidores públicos.