Investigan FGE y Fepade caso ‘Yúnete’ y a Nahle por entrega de despensas

XALAPA, Ver., 12 de septiembre de 2017.- Para investigar a los funcionarios del Gobierno de Veracruz y a la diputada federal Rocío Nahle por la supuesta entrega de despensas en el sur del estado, se abrieron dos carpetas de investigación en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), confirmó el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Entrevistado previo a la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo en el parque de Los Berros, aseguró que habrá piso parejo en las investigaciones que se realicen por la supuesta comisión de un delito electoral, pues recordó que «no hay beneficios para nadie, aquí se ha investigado a funcionarios públicos de todos los partidos, personas físicas, periodistas y de todo».

«Se abrió una carpeta de investigación para establecer si hay posibilidad de que haya un delito electoral y es importante señalar que nuestra Fiscalía Especializada tiene estrecha relación con Fepade, y desde ayer entramos en coordinación con el licenciado Santiago Nieto y se inició paralelamente una investigación por el tema de las despensas de Coatzacoalcos, que presumiblemente entregaban funcionarios públicos del Estado de Veracruz y por las que entregó la diputada Rocío Nahle».

Winckler Ortiz comentó que la penalidad a la que se harían acreedores los funcionarios públicos estatales o federales que coaccionen el voto en favor de alguna persona o partido político sería de dos a nueve años de presión.

El abogado del estado explicó que la Fepade puede ejercer la facultad de atracción de las carpetas de investigación y concluirlas, sin embargo, la FGE también mantendrá las investigaciones correspondientes.

«Son dos carpetas por los mismos hechos y evidentemente por razón de competencia Fepade puede ejercer la facultad de atracción y llevarse a cabo las investigaciones conclusivas. Estamos investigando y Fepade, en razón de que es una autoridad federal y son delitos que rigen una ley general federal, pudiera decidir atraer el asunto, tanto el de Rocío Nahle como el de la gente que trabajaba en Coatzacoalcos».