Exigen ejidatarios pagos por terrenos para autopista Cardel-Poza Rica

XALAPA, Ver., 11 de junio de 2018.- El gobierno federal adeuda pagos a ejidatarios veracruzanos con afectaciones desde hace tres años en sus propiedades, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) continúa omisa ante la responsabilidad de pago de contratos por los terrenos que utilizaron para la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica.

Desde 2015 y 2016 la SCT no ha respondido sobre el motivo del retraso en pagos a más de 16 ejidatarios afectados por la construcción de esta obra, cabe señalar que existen los contratos firmados donde se marca que el pago a cada uno de los ejidatarios se realizaría en un periodo de cuatro meses.

Los ejidatarios se quedaron sin su patrimonio, por lo que el Grupo Sociedad de Producción Rural de Palma Sola, “Platanar”, ya se asesora para actuar jurídicamente en contra de quien resulte responsable por los daños e incumplimiento de contrato.

De igual modo, el mismo corporativo, Osorio e Ingeniería S de RL de CV, tiene una lista de ocho personas más que sufrieron afectaciones en sus propiedades y solicitaron a la empresa constructora resarcir el daño.

El documento firmado el 24 de enero por Rogers M. Santillan Salas, titular de la empresa liberadora, señala que se continuará con el seguimiento a cada una de las peticiones, dirigiéndolas a las partes correspondientes.

Hay que puntualizar que existen contratos de compra-venta entre el gobierno federal, a través de la SCT, representada por el Ingeniero Patricio Javier Vela Anaya, en su carácter de Director de Liberación del Derecho de Vía de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, con cada uno de los propietarios de los predios, mismos que ya vencieron desde hace dos años y en algunos casos hasta tres.

En el contrato se detalla que es necesario liberar áreas adicionales del derecho de vía del proyecto Construcción de la Carretera Cardel-Poza Rica Primera Etapa, y de manera textual se lee en el contrato:

“Y afectar diversos terrenos, mismos que en su caso serán adquiridos por el gobierno federal a través de la SCT, mediante operación de compra-venta directa con el propietario de cada terreno”.

Los propietarios tuvieron que firmar dichos contratos sin cambiar una sola cláusula, pues la SCT los presentó para firma y les indicó que no se podía hacer ninguna modificación a las cláusulas.