Eduardo Coronel Chiu/Asuntos Públicos

Contratismo con socios

El gobierno del PAN en el estado ha resultado tan voraz y obscuro en el manejo de los recursos públicos como el gobierno del PRI que le antecedió.

A la larga lista de operaciones manipuladas para beneficiar a empresas donde se localizan intereses de los funcionarios públicos y el grupo en el poder del estado, se suman ahora los señalamientos de presunta corrupción entre el hoy candidato al Senado por el Frente PAN-PRD-MC, Julen Rementería –durante su gestión como secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)– y el dirigente estatal del PAN, Jesús Mancha, metido al ajo como empresario constructor.

Recientemente Rocío Nahle, la candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) denunció el favorecimiento de la SIOP con varios contratos millonarios a la empresa IZAL Inmobiliaria, de la cual es socio y representante legal Jesús Mancha. Poco después circularon documentos de la dependencia donde se observa la adjudicación de un contrato para construir un camino por 6 millones y medio de pesos, en un concurso por invitación, y otro contrato más por 14 millones de pesos para pavimentar caminos en el municipio de Uxpanapa.

No es un caso aislado de favoritismo en los contratos de obra pública; entre los constructores se comenta la forma en que se arreglan los concursos para favorecer a las empresas “asociadas”, sea mediante la adjudicación directa, los filtros para los que invitan y la eliminación bajo cualquier pretexto de los no deseados en las licitaciones públicas; sin importar que al final se contrate a los precios más caros –en el sobreprecio, va la tajada de la comisión–.

Sistema anticorrupción, subordinado

Si bien la denuncia de los contratos al dirigente estatal del PAN hechos por Julen Rementería se da en medio de la competencia electoral y la denunciante rivaliza con él para el Senado, el asunto rebasa la coyuntura; por los elementos de legalidad en el uso de recursos del estado y de responsabilidad de servidores públicos, es un tema de rendición de cuentas y probable corrupción que amerita se le investigue de manera institucional, situación imposible en el actual estado faccioso y de camarilla que gobierna Veracruz.

Todos los órganos que tienen competencia para investigar –el ORFIS en lo administrativo o la Fiscalía del estado en el ámbito penal– están subordinados al gobernador, no obstante su “autonomía” formal y ni se diga la Contraloría del Estado, dependiente por ley del Poder Ejecutivo. El sistema anticorrupción en Veracruz es un simulacro.

Con todo, ayer la bancada de Morena en el congreso solicitó se abriera la investigación del tráfico de influencia en los contratos de obra pública. Por ahora no será más que un juicio ante la opinión pública, después de las elecciones, dependiendo de quién gane, el caso podría tomar otro giro.

Transparencia hasta la nueva alternancia

Ante la resistencia del actual gobierno a transparentar plenamente el uso de recursos públicos y la ausencia de contrapesos institucionales, habrá que esperar para poder saber de muchas operaciones que hoy permanecen ocultas.

Por ejemplo, las contraprestaciones al Gobierno del Estado por la prórroga anticipada de las concesiones por 30 años más para explotar las autopistas Libramiento Plan del Río y Cardel-Veracruz a las empresas Constructora y Promotora Malibrán y ACCSA, respectivamente, ambas de la familia Ruiz-Anitúa, a quienes se les vincula en negocios con el gobernador Miguel Ángel Yunes. No por casualidad esas dos empresas también ganaron (junto con otras tres de relleno) el contrato de asociación público-privada para construir 20 ciudades judiciales, un negocio de más de 5 mil millones de pesos.

También siguen ocultando el monto de los contratos y las empresas beneficiadas con la compra e instalación de 6 mil 476 cámaras de vigilancia para seguridad, una adjudicación sin concurso por una cantidad no precisada entre 700 y mil millones de pesos, ocultamiento ilegal de la información pública que apunta a otro negocio bajo sospecha de corrupción.

¡Alto al secuestro!

No mejora. El reporte de mayo de la organización Alto al secuestro confirma a Veracruz como el estado con mayor número de secuestros en el país y el tercero si se mide por cada 100 mil habitantes. La directora de esa organización, Isabel Miranda de Wallace, se adelantó ayer a las cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reportó 24 secuestros cometidos en el estado durante el mes de mayo, el segundo lugar lo ocupó el Estado de México con 20, seguido de Tamaulipas con 12.

La violencia criminal no baja en el estado. Sólo el gobernador Yunes, para fines de propaganda de su gobierno (fallido) y de promoción electoral para su hijo, el candidato a gobernador por el PAN-PRD-MC, Miguel Ángel Yunes Márquez, quieren tapar la inseguridad con sus comunicados de que están a la baja los delitos.