Demanda Contu a Federación aumento presupuestal

VERACRUZ, Ver., 20 de agosto de 2026.- La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) recriminó que frente a la exigencia del gobierno federal para que las universidades públicas del país incrementen la matrícula de estudiantes, no retribuyan de manera proporcional los presupuestos y salarios dignos para sus trabajadores.

En conferencia de prensa, el secretario general de la Contu, José de Jesús Becerra Santiago, recordó que desde hace más de 30 años se fijó el tope salarial como límite a los incrementos de los sueldos por las autoridades.

Por ello, definió que durante el Congreso Nacional de la Contu 2026, que se celebra los días 20 y 21 de agosto en esta ciudad, se trazará una ruta de acción para exigir condiciones salariales justas y recursos adecuados para las instituciones.

Asimismo, adelantó que no descartarán el uso de medidas legales para hacer valer las exigencias de los miles de trabajadores universitarios del país, así como movilizaciones, todo en acuerdo de los agremiados.

Y es que afirmó que uno de los principales problemas que enfrentan las universidades y sus trabajadores es el escaso subsidio público que se le ha venido otorgando a estas instituciones.

Definió que las casas de estudios de México sufrieron una pérdida superior al 5 por ciento de su poder adquisitivo en la última década, hecho que equivale a cerca de 4 mil 500 millones de pesos.

Dicha merma ocurre a la par de una exigencia gubernamental para atender a una matrícula escolar cada vez más amplia.

"El poder adquisitivo de las y los trabajadores universitarios, en este mismo periodo nada más, haciendo un análisis de los últimos 10 años, ha perdido más del 9 por ciento por debajo de la inflación", puntualizó.

Por ello, afirmó que este sector sufre la pérdida salarial más agresiva entre los empleados públicos federales y estatales, pues mientras en la educación básica los incrementos anuales alcanzan un promedio del 8 por ciento, en el nivel superior se reducen a una media del 3.8 por ciento, con topes habituales de entre 3.5 y 4 por ciento.

"Eso ha ocasionado que existan, por ejemplo, cerca de 39 mil trabajadores universitarios por debajo del salario mínimo en los convenios de apoyo financiero que firma tal rectoría, los rectores, el gobierno federal y los gobiernos de los estados", lamentó.

Es decir, ellos están firmando un documento cada año que es inconstitucional, porque en ese documento vienen trabajadores ganando por debajo del mínimo, y así lo están firmado.

Por ello, planteó la urgencia de que se dé el resarcimiento al subsidio público de las universidades públicas y un programa de recuperación salarial que permita que los salarios recuperen esa pérdida de poder adquisitivo del 9 por ciento en estos 10 años.

Fue ahí donde expresó que durante el Congreso las organizaciones gremiales definirán una estrategia de movilización con vistas a la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Congreso de la Unión.

Adelantó también que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, las representaciones sindicales entablarán diálogo con las distintas fracciones parlamentarias para demandar los recursos necesarios para el sector.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas (Contua), Rafael Garza Ibarra, advirtió sobre la severa crisis que atraviesa la educación superior e instó a crear un frente común con la sociedad en defensa del sector público.

"Estamos cuidando un patrimonio de la sociedad cuando tenemos millones de jóvenes que están ingresando a las universidades públicas, las cuales nosotros sostenemos con nuestro trabajo. No son los edificios, son los que hacemos la chamba", aseveró.

Criticó que haya trabajadores administrativos con salarios de miseria, que ganan menos de dos salarios mínimos y por lo tanto no les alcanza para comer, "se los puedo asegurar".

Asimismo, lamentó la postura de la Secretaría de Educación Pública (SEP) frente a las contrataciones colectivas al indicar: "sí, tengo 60 días de aguinaldo, pero ganando 5 mil pesos mensuales".

Advirtió que la presión presupuestaria en las universidades llegó a un punto crítico en donde se habrán de cerrar los salones si se quiere austeridad y cerrar las escuelas si siguen pidiendo austeridad desde la Federación, "ya no podemos hacer más, vaya, ya llegamos al límite".

Ahí, adelantó que durante el Congreso de la Contu se analizará el uso de la Inteligencia Artificial y todos los impactos que va a tener en el ámbito de la educación, pero sobre todo en el ámbito laboral.

Garza Ibarra reiteró la necesidad de preservar a las instituciones académicas como la principal vía de desarrollo para las futuras generaciones.

"Este bien social tenemos que defenderlo. Es lo poco que tenemos para tener ascenso social y de alguna manera sea el camino para estructurar el bien social".

Asimismo, la secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) y de la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU), Bertha Rodríguez Sámano, denunció la severa crisis presupuestal y salarial que enfrentan las instituciones de educación superior pública ante los límites a los incrementos de sueldo impuestos por las autoridades.

"Como representante de una universidad federalizada es que tenemos un gran problema, porque nosotros tenemos un tope salarial. Ese tope salarial, con todo lo que nos pide el gobierno, es imposible que lo podamos cumplir", advirtió.

Cuestionó la falta de apoyo presupuestario hacia la educación superior en comparación con otros niveles educativos de nuestro país.

"Las leyes orgánicas de las universidades nos dan el enorme privilegio de formar mexicanos útiles a la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos salarios por abajo del salario mínimo?", recriminó.

Agregó que la educación superior es la que sacará al país adelante, por lo que un objetivo prioritario de los sindicatos de las universidades será "acabar con ese tope salarial".

Rodríguez Sámano subrayó la necesidad de concretar la justicia laboral a través de un pago digno y certidumbre para el personal académico.

"Hablamos de justicia laboral. Si la justicia laboral es recuperación salarial, es estabilidad, es tener salarios dignos.

Nos piden austeridad, ciertamente, y ayer el doctor Leonardo Lomelí Vanegas decía: 'Sí, tenemos austeridad. Tenemos ocho años en la austeridad, pero nos piden que ampliemos la matrícula'. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer?", cuestionó.

Jesús Becerra aclaró que los límites salariales impuestos a las universidades públicas no responde a un periodo de gobierno específico o partido político, sino a una política mantenida a lo largo de décadas por distintas administraciones.

"El tope salarial tiene más de 30 años. O sea, el tope salarial estaba el PRI, estaba el PAN y, ahora con Morena y siempre ha existido", señaló.

En tanto que el secretario general del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), Osvaldo Gutiérrez Aceves, advirtió que el tema de los presupuestos universitarios es prioritario, debido a que los recursos federales destinados a las instituciones públicas resultan insuficientes para afrontar las demandas inflacionarias y laborales.

"No alcanzan ni siquiera a veces a la mitad de lo que es el índice inflacionario", puntualizó.

En cuanto a las condiciones de Querétaro, recordó que recibieron el 1.8 por ciento federal de incremento, lo que evidentemente no iba a lograr paliar los requisitos que tanto el Sindicato de Trabajadores Empleados y el Sindicato de Académicos, tenían como consigna para incrementar los salarios y la calidad de vida de los trabajadores.

"El tema ahí no es político, es de una realidad de dignidad. El tema importante es que los trabajadores administrativos y los trabajadores académicos somos el engranaje de quienes formamos a los jóvenes y a las jóvenes de nuestro país", afirmó.

Llamó a los diputados federales para respaldar a las casas de estudio públicas.

"Les hacemos también un llamado a nuestros legisladores para que se pongan la camiseta y busquen fortalecer los presupuestos de las universidades públicas",

En su oportunidad, Alejandro Octavio Silva Martínez, Secretario General del STEUAQ, afirmó que defenderán a la universidad en Querétaro, de Nuevo León, de Guadalajara y de todo el país, porque se defiende a la educación pública, lo cual debe de ser no solamente con una perspectiva sindical, sino como un compromiso social.

"Si no lo hacemos de esta forma, estamos condenando a la extinción de la educación pública a nivel superior a nivel nacional", subrayó.