Cosmovisión

En los tiempos electorales: Dante regresa

Se da el posicionamiento de Dante Delgado, sobre los agravios a Movimiento Ciudadano por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.   

El líder moral de MC, viene a Veracruz por todas las canicas

Hoy no habrá buenas noticias, en Veracruz hace mucho que no hay buenas noticias.

En nuestro estado la justicia lleva décadas sometida a los intereses del poder.

Se han utilizado las instituciones de procuración de justicia como instrumentos personales y políticos: para perseguir adversarios, intimidar voces críticas y proteger a quienes forman parte de su grupo.

Han cambiado los nombres y los partidos, pero esa práctica se ha mantenido. Con el paso de los años, la persecución se ha vuelto más abierta y desvergonzada.

Primero se acusa desde el micrófono, se condena ante los medios y después se inventa el expediente.  El discurso desplazó a la investigación y, en un proceder así, nunca habrá justicia.

Cuando tuve la responsabilidad de gobernar Veracruz, jamás utilicé la justicia para fines personales o políticos.

Jamás di instrucciones a un fiscal para perseguir a nadie. Y mucho menos presioné a un juez. Quien gobierna no recibe las instituciones como patrimonio propio. Las recibe para proteger a todas y todos, incluidos quienes piensan distinto.

En diciembre de 2021, durante el gobierno anterior de Morena, José Manuel del Río Virgen fue detenido y encarcelado sin pruebas. José Manuel es un veracruzano de bien, fundador de este Movimiento.

Fue un preso político. Salió de prisión como entró: siendo inocente. Aquel atropello debió marcar el final de una época, no convertirse en antecedente de nuevos abusos.

Les comparto que acudí a la toma de protesta de la gobernadora el 1 de diciembre de 2024 porque decidí confiar en su buena fe y en la posibilidad de una relación institucional respetuosa.

A casi 2 años debo decirle que gobernar Veracruz exige entender algo elemental: se gobierna para los 212 municipios, no únicamente donde gobierna Morena; y se protege a todas las personas, no sólo a quienes aceptan alinearse con el poder.

Hasta ahora, la gobernadora ha actuado de la misma forma intimidante y golpista que su antecesor.

Movimiento Ciudadano, no pide impunidad para nadie. Si una persona comete un delito, debe ser investigada, juzgada y, si existen pruebas, sentenciada.

Lo que exigimos es exactamente lo contrario a la impunidad: investigaciones serias, presunción de inocencia, debido proceso y la misma ley para todos.

Una acusación de la gobernadora  —que suena más a amenaza — no sustituye una sentencia, y un desacuerdo político no debe convertirse en una carpeta penal.

Durante la elección municipal de 2025, diez de nuestras candidaturas denunciaron amenazas en su contra. No recibieron protección del estado.

En mayo, Avisack Douglas fue asesinada durante un ataque a nuestra candidata en Juan Rodríguez Clara. Ante ese clima de violencia, la obligación del gobierno era proteger vidas, atender las amenazas y garantizar una elección libre.

Pero la respuesta de la gobernadora no estuvo a la altura de esa responsabilidad.

En lugar de actuar con prudencia y neutralidad, utilizó su voz y su cargo para desacreditar a Movimiento Ciudadano y agraviar a nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez.

En Papantla y Poza Rica ganamos en las urnas, a la buena.

Lo que Morena no pudo obtener con votos nos lo arrebato a la mala: detuvieron los cómputos, trasladaron los paquetes electorales a Xalapa, aparecieron paquetes violados y bolsas abiertas, anularon miles de votos y utilizaron su poder para presionar al tribunal hasta revertir los resultados.

En Poza Rica incluso nos retiraron una constancia de mayoría que ya había sido entregada.

Fue el primer gran fraude electoral de Morena en Veracruz.

El mismo patrón apareció fuera de la contienda. Cuando brigadas de Movimiento Ciudadano auxiliaron a familias afectadas por las inundaciones, la gobernadora nos acusó de mezquindad.

Cuando habitantes de Poza Rica marcharon para exigir justicia por el asesinato del doctor José Antolín Montero, redujo la movilización a un “grupito” vinculado con nuestro movimiento.

Para este gobierno protestar, exigir seguridad y hasta ayudar, se vuelve sospechoso si lleva un color distinto al de su partido.

El 5 de agosto, en sesiones a puerta cerrada, el Congreso retiró el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván. 

Las acusaciones deben investigarse con apego a la ley, pero el desafuero no acredita culpabilidad y ninguna mayoría legislativa puede cancelar el derecho de defensa.

Movimiento Ciudadano, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir protección, debido proceso y que la justicia no se utilice como mecanismo de presión política.

También se han denunciado presiones para que alcaldes, síndicos y regidores abandonen Movimiento Ciudadano y se incorporen a Morena.

El caso de Jesús Uribe en Las Choapas exhibe el modus operandi: la gobernadora utilizó el aparato del poder para presionarlo judicialmente, hasta que anunció que se sumaría a Morena.

La gobernadora ha utilizado su voz y su cargo para construir una condena política previa a cualquier procedimiento institucional.

No sólo ataca a sus adversarios: degrada la dignidad del cargo que representa.

¿Qué diferencia hay entre el gobierno anterior y el actual? Que en menos tiempo la gobernadora lo ha hecho peor.

Morena tiene todo el poder. La presidencia de la República, el gobierno del estado, el poder Legislativo, el poder Judicial y el partido mayoritario.

Y no tienen límite para abusar de ese poder, para pisotear el estado de derecho, para violar las garantías legales de las personas, para reprimir a cualquiera que se atreva a disentir.

El modelo no es exclusivo de Veracruz —aunque sean el ejemplo más decepcionante—. Es el modelo de operación de los gobernadores de Morena, están cortados con la misma tijera.

En Nayarit, al alcalde de Tuxpan, un municipio que le ganamos a Morena, le abrieron una carpeta de investigación y, cinco días después, ya estaba detenido.

En Puebla, a los alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás de Buenos Aires, emanados de Movimiento Ciudadano, fueron acusados sin pruebas, cateados y privados de su libertad. Al no poder sostener las acusaciones, la Fiscalía del Estado los volvió a detener por faltas administrativas, como no encontrar un acta de matrimonio en el sistema.

En Tabasco, a Alfonso Baca, alcalde de Paraíso, la Fiscalía General de la República le llegó con cateos y orden de aprehensión el 19 de agosto, sin haber sido requerido previamente y después de que Morena perdiera ante Movimiento Ciudadano ese municipio en las urnas.

En Campeche inhabilitaron al candidato que disputó la gubernatura en 2021 y que, por una “diferencia” de cinco mil votos, no ganó el estado; le fincaron responsabilidades que impidieron su llegada al Senado de la República. Y ahora, con el mismo proceso, quieren impedir su candidatura e inclusive han iniciado acciones en contra de la actual presidenta municipal de Campeche para evitar que Movimiento Ciudadano tenga candidatura competitiva para el gobierno. Quieren ganar a la mala.

Sin embargo, cuando los acusados son miembros de su partido, como el caso del gobernador de Sinaloa y el senador por ese estado, el juicio político NO procede, el desafuero NO procede, y la severidad con la que actúan con quienes piensan diferente, se sustituye por desplegados y ruegos para que dejen sus cargos.

La presunción de inocencia y el estado de derecho solo aplica para ellos y nadie más.

Igualmente, importante es denunciar y no olvidar el atentado que, también en Sinaloa, aún tiene en estado de postración a nuestro diputado y dirigente Sergio Torres Félix, y en el que nuestra diputada Elizabeth Montoya recibió un disparo en la cabeza y perdió un ojo.

Frente a esta simulación de autonomía, Movimiento Ciudadano promoverá la reforma para que las fiscalías vuelvan a depender directamente de los Ejecutivos estatales y federal, con el propósito de que asuman el costo político de sus arrogantes y arbitrarias intervenciones, y que no sea por conducto de supuestos organismos autónomos.

Basta ya de abusos y engaños en la procuración de justicia.

Necesitamos rescatar el Estado de Derecho para Veracruz y para México. La lucha de Movimiento Ciudadano es por la seguridad, la justicia y la paz que hoy, más que nunca, demandan los veracruzanos y los mexicanos.

Desde Veracruz, se lo digo fuerte y claro a la gobernadora: no le vamos a tolerar que intente agraviarnos, intimidarnos o condicionar el apoyo que legítimamente corresponde a los liderazgos municipales de nuestro movimiento. No se lo acepto.

Nunca vamos a cobijar bajo las siglas de Movimiento Ciudadano a un criminal, quien cometa un delito debe responder ante la ley. Pero tampoco vamos a permitir el uso indiscriminado y faccioso del poder, la justicia selectiva ni la persecución contra quienes pensamos diferente.

El esfuerzo de este gobierno debe concentrarse en los auténticos dolores de Veracruz: las víctimas, las más de siete mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente, las mujeres violentadas, las niñas y los niños amenazados por la inseguridad, las familias que buscan a los suyos y quienes exigen vivir sin miedo.

Cada recurso utilizado para perseguir adversarios es un recurso que se les niega a esas causas.

Veracruz ya ha tenido suficiente.

Finalmente, le recuerdo que el peor año de un régimen es el siguiente.

Revisen su propio ejemplo: hace tres meses Rocha tenía el apoyo total de sus supuestos aliados; hoy es defenestrado por sus propios colegas y desde su propio partido.

Veracruz no necesita un sistema de justicia al servicio de un gobierno o de un partido. Necesita instituciones que protejan a su gente y un gobierno capaz de respetar a quien piensa distinto.

Desde Veracruz les decimos: Movimiento Ciudadano les ganará a la buena en varios estados, capitales y zonas metropolitanas en la elección del próximo año, y en 2030 ganaremos el gobierno del estado y la Presidencia de la República. Andale. Así las cosas.