Ayuntamiento de Xalapa no contratará a deudores alimentarios

XALAPA, Ver., 11 de marzo de 2026.- El Ayuntamiento de Xalapa aprobó la aplicación de la iniciativa conocida como 3 de 3 contra la violencia, por lo que personas que sean deudoras de pensión alimenticia, agresores de mujeres o responsables de violencia sexual no podrán ser contratadas dentro de la administración municipal.

La regidora décima, Mónica Mendoza Madrigal, explicó que la medida fue avalada por el Cabildo como parte de un proceso de armonización normativa dentro del gobierno municipal.

Detalló que esta decisión implica la modificación de cinco documentos internos que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, con el objetivo de adaptar la normativa local a lo establecido en la legislación nacional.

“La iniciativa fue presentada desde las Comisiones Unidas y busca implementar la 3 de 3 contra la violencia mediante la reforma de distintos instrumentos normativos que rigen la administración municipal”, señaló.

Con esta aprobación, el gobierno municipal establece que ninguna persona que cuente con antecedentes por incumplimiento de pensión alimenticia o sanciones por violencia contra las mujeres podrá integrarse a la plantilla laboral.

Mendoza Madrigal subrayó que esta acción coloca al Ayuntamiento de Xalapa como un referente en Veracruz en materia de ética pública y responsabilidad institucional, al promover medidas que impactan directamente en la protección de los derechos de las mujeres.

Agregó que la decisión representa más que una acción simbólica, pues se trata de una medida concreta orientada a fortalecer la integridad y los principios dentro del servicio público.

La regidora explicó que esta armonización responde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que el Senado de la República aprobara hace dos años la reforma denominada “3 de 3 contra la violencia”.

Finalmente, precisó que la disposición se aplicará únicamente cuando exista una sentencia firme emitida por tribunales que confirme que una persona es deudora alimentaria o que ha sido sancionada por ejercer violencia contra las mujeres.