Al pie de la letra

* ¿Y EL EMBAJADOR EN ESPAÑA?

El 23 de agosto de 2021, una comitiva de líderes de la oposición mexicana, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI; Marko Cortés, quien entonces lideraba al PAN, y Jesús Zambrano, ex dirigente del desaparecido PRD, llevó a Washington D.C. un expediente de 53 páginas que denunciaba lo que llamaron una “narcoelección”.

Lo que en ese entonces fue presentado como un grito de auxilio ante organismos internacionales, hoy recobra fuerza, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,fue obligado a solicitar licencia ante la solicitud que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo a las autoridades mexicanas para su detención y extradición.

La delegación opositora presentó su denuncia formal ante Luis Almagro Lemes, secretario General de la OEA; Juan S. González, entonces director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Jennifer Brown, del Departamento de Estado, y Tania Reneaum Panszi, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El eje de la denuncia era uno solo: la intervención sistemática del crimen organizado para favorecer a los candidatos de Morena, el partido oficialista, con especial énfasis en el estado de Sinaloa.

El documento, que entonces se mantuvo reservado y que ha publicado el diario El Universal, relata con crudeza la jornada del 6 de junio de 2021.

Según los testimonios recabados, grupos armados operaron con precisión militar para desarticular a la oposición, principalmente a la del PRI, partido que gobernaba la entidad.

En Culiacán, la madrugada previa a la elección, comandos irrumpieron en el domicilio de José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI.

“Fue golpeado y secuestrado durante 50 horas”. Su “delito” era poseer los nombres y domicilios de toda la estructura electoral que vigilaría las casillas. Este, no fue un hecho aislado.

El informe detalla levantones masivos de operadores políticos. Testigos protegidos citados en la denuncia narran cómo hombres armados los subían a camionetas, les cubrían el rostro con cinta canela y les daban un ultimátum: “Déjate de pendejadas. Mañana no te quiero ver en la calle”.

La consigna más aterradora que documenta el informe fue la orden directa de los sicarios a los líderes de zona: “Si no gana Rocha los vamos a matar a todos”.

La coacción no se limitó a la capital. El expediente señala municipios como Badiraguato, Guasave, Concordia y Elota.

En Badiraguato, la candidata Guadalupe Iribe Gascón se retiró tras el secuestro de sus operadores.

Mientras que, en Concordia, al candidato del PRD “lo cachetearon en su casa” y le ordenaron abandonar el estado.

En Guasave, la regidora Martha Yolanda Dagnino y otros funcionarios municipales fueron retenidos por grupos criminales hasta las 06:00 de la tarde, hora en que cerraron las casillas electorales.

El resultado final fue un contundente triunfo de Rocha Moya, con 56.60% de los votos, en una jornada donde las autoridades estatales de seguridad guardaron un silencio absoluto ante los reportes de violencia.

El informe de 53 páginas no sólo ofrece testimonios, sino también una numeralia devastadora del proceso electoral 2020-2021 a nivel nacional: mil 66 delitos y agresiones contra políticos y electores; 102 homicidios dolosos de figuras políticas; 24% de los ataques fueron perpetrados directamente por comandos armados; 693 víctimas directas, un incremento de 68% respecto a la elección anterior; 35 agresiones diarias durante la semana previa a la elección.

Tres años después, las piezas del rompecabezas parecen alinearse de forma comprometedora.

La detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y las cartas atribuidas al capo pusieron el nombre de Rubén Rocha Moya en el centro de una investigación de alto nivel en Estados Unidos.

Las acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa, que la oposición denunció en 2021 como el sello de la victoria electoral de Morena, hoy forman parte de la narrativa oficial de las agencias estadounidenses.

El caso Sinaloa, descrito en aquella denuncia de 53 páginas, podría integrarse como un expediente de evidencia sobre los presuntos vínculos de Rocha Moya con el narcotráfico.

Pero hay otro actor político que no ha sido mencionado hasta ahora: el ex gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, por cuya cómplice inacción fue “premiado” en marzo de 2022 con la Embajada de México en España, tal como lo acaba de mencionar en una amplia entrevista con Juan Pablo Pérez-Díaz, de Radio Fórmula, el ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Gobernación y ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.

MORENA: TERRENO MINADO; NI 

LA NUEVA DIRIGENTE SE SALVA

Ayer, al asumir la presidencia nacional de Morena, Ariadna Montiel dijo que su dirigencia no tolerará la corrupción en ningún gobierno emanado de este partido.

“Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en esas prácticas”, señaló la ex titular de la Secretaría de Bienestar ante gobernadores, senadores, diputados e integrantes del VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido guinda.

“En Morena, los corruptos no tienen cabida y corresponde garantizar que los representantes del movimiento son mujeres y hombres honestos, pues lo que está en juego es la autoridad moral y política que les dio legitimidad para llegar al poder”, añadió.

Y a quienes aspiran a las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, Montiel sostuvo que deben tener una trayectoria impecable.

La definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama y la popularidad, del poder por el poder, sino el reconocimiento del pueblo de que “se está junto a él y de que se es honesto”, resaltó.

Advirtió que si tienen la certeza de que alguien cometió un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato, pues “la honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”.

Recién acababa de pronunciar doña Ariadna tan sonoro discurso cuando en las redes sociales se difundió un video en el que Inés Parra Juárez, ¡diputada de Morena!, denunció el 18 de agosto de 2023 a la entonces Secretaria de Bienestar por peculado, abuso de autoridad, cohecho colusión,enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos,ejercicio abusivo y tráfico de influencias.

La denuncia se basó en más de 800 pliegos de observacionesde la Auditoría Superior de la Federación sin solventar, correspondientes a las cuentas públicas de 2018, 2019, 2020y 2021 consistentes en términos generales en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas sociales, la no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios, y deficiencias en el registro de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino.

Según la denuncia de la legisladora del partido guinda, Montiel encubrió el desvío de dinero del pueblo a Morena y a Claudia Sheinbaum, entonces aspirante presidencial.

Según la denuncia que la diputada Parra Juárez presentó formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), el quebranto al erario público federal habría ascendido a 6 mil 068 millones de pesos.

Obviamente la denuncia no procedió, pues Alejandro GertzManero, a cargo entonces de la FGR, le dio carpetazo.

Gertz, al igual que el ex gobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel, también fue premiado con otra representación diplomática en Europa: la “Embajada del Bienestar” en el Reino Unido, llamada así por haber dado hospedaje más de medio año al hijo becario del entonces canciller Marcelo Ebrard.