Seguritech: un negocio de muchos pixeles y muchas sombras

TOLUCA, Edomex., 15 de enero de 2014.- El pasado 23 diciembre del 2013, el gobierno del estado de México les obsequió a los habitantes de la entidad una noticia que por el día que se dio a conocer y las condiciones en las que se hizo el anuncio, ha pasado desapercibida para muchos sectores de la población. El secretario de Finanzas del gobierno mexiquense daba a conocer el inicio de la contratación de la empresa Seguritech S.A. de C.V., para la compra de 10 mil cámaras de video vigilancia con una erogación multimillonaria ascendente a los seis mil 376 millones de pesos o poco más de 487 millones de dólares.

La adjudicación, refería, el secretario Erasto Martínez Rojas, fue protegida bajo la figura de excepción nacional mixta AA-915002994-N38-2013, de un contrato administrativo plurianual para la prestación de servicios. De entrada, la nota per se, ya era de llamar la atención, esto significa que en pocas palabras, el gobierno del estado de México que encabeza el ecatepense Eruviel Ávila Villegas, autorizó la adquisición de cámaras de video vigilancia de aparente alta tecnología con un costo unitario de 637 mil 600 pesos.

Este simple dato es digno de análisis pues en ejercicios similares, incluso dentro del territorio nacional, la adquisición de este tipo de tecnología no llega a ser tan onerosa como las presupuestada en el gobierno estatal. Como muestra se ha logrado investigar que en el municipio norteño de Piedras Negras, Coahuila, se han adquirido estas mismas cámaras con un costo unitario de 200 mil pesos, únicamente.

El pasado 6 de enero, el ayuntamiento de Torreón en Coahuila, inició la colocación de siete cámaras de video de características muy similares con uso de video vigilancia urbana y ahí el costo fue de 328 mil 570 pesos por unidad instalada. PERO Y… ¿DE QUIÉN ES ESTA EMPRESA? La compañía a la que le fue otorgado el contrato, muestra en su reciente historia un crecimiento como pocas en el país; pasó de ser una empresa que prestaba seguridad a zonas residenciales y comerciales, a encargarse de la seguridad pública y vial en varios estados del país. Ahora la empresa tiene presencia en 11 estados de la República, donde cuenta con oficinas comerciales, además de un equipamiento de primer nivel e incluso, sistemas de vigilancia aérea con helicópteros y aviones.

De acuerdo con el acta constitutiva marcada con el número de instrumento 53 mil 901, los iniciadores de la empresa Seguritech Privada son Ariel Zeev Picker Schatz con 51 por ciento, Alicia Rebolledo Terrazas con el 19 por ciento de las acciones y Gonzalo Miguel Adalid Mier con el 30 % restante. Alicia Rebolledo Terrazas no tiene registros en la red de internet como experta en seguridad, pero sí es la parte legal de la empresa pues está registrada como notaria pública en el estado de Veracruz, donde por cierto la compañía también ha podido tender sus redes comerciales. En el caso del ex militar y fallecido el año pasado, Gonzalo Miguel Adalid Mier, era un militar de alto rango diplomado del estado mayor presidencial, entre otros cargos, fue secretario de Seguridad en el municipio de San Pedro Garza en Nuevo León y en Michoacán.

Se le conoció en sus funciones como encargado de la seguridad en estas entidades por una mano muy firme en el combate a la delincuencia. En cuanto al accionista mayoritario, Ariel Zeev Picker Schatz, los datos que se pueden consultar de él en el sistema de internet son sin duda motivo de reflexión. Es ingeniero industrial de profesión con cédula profesional 2839217 de la universidad Iberoamericana del Distrito Federal, se le ubica como dueño de un negocio más de seguridad privada denominado El Botón Rojo y se describe como una empresa de servicios de acompañamiento (escolta); agencias de vigilancia y seguridad; consultas en materia de seguridad; indagaciones, averiguaciones sobre personas dadas por desaparecidas; agencias de detectives; servicios de enlace y monitoreo de alarmas de sistemas electrónicos de seguridad, tales como alarmas, sistemas contra el fuego, circuitos cerrados de televisión, control de acceso computarizado y cualquier sistema electrónico y/o de seguridad.

Esta empresa tenía su dirección en Lago Trasimeno no. 148, col. Anáhuac, México, D.F. Los vínculos entre el gobernador Eruviel Ávila y este personaje, se remontan públicamente a la campaña que llevó el político mexiquense para lograr la gubernatura estatal cuando el 5 de junio del 2011, en un evento proselitista, se reunió con Picker Schatz; en dicho evento se pactó el compromiso de campaña contra el Bullying. En ese entonces, el empresario era el presidente de la Fundación en Movimiento AC y le solicitó al candidato respaldo en este tema en particular, “Miles de casos suceden diariamente y algunos acaban en una situación de tragedia; en Chalco, una niña sufrió del acoso o bullying en su escuela y terminó perdiendo su año escolar, y más lamentable, con una fisura craneal”.

En su intervención Eruviel Ávila detalló: “Necesitamos hacer una especialidad en las universidades que trate este problema (bullying) en particular, así como crear una policía cibernética que pueda prevenir este tipo de prácticas; siempre respaldaré las propuestas positivas, las buenas iniciativas que provengan de asociaciones civiles o de personas individuales, por eso aquí estaré recibiendo las mejores propuestas y comentarios, pero para que esto sea una realidad les pido que este 3 de julio voten por la coalición Unidos por ti”, concluyó. PROBLEMAS Y MÁS PROBLEMAS Sin embargo, esta empresa se ha caracterizado adicionalmente por ser un imán de conflictos para aquellos municipios donde se han establecido contratos comerciales para temas de seguridad. Tal y como lo señaló el periodista Juan Lázaro Santiago, en un reportaje publicado en Quadratín, estado de México, en otras entidades como en Oaxaca, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, del gobierno de Gabino Cué investiga irregularidades financieras, junto con otras empresas de seguridad, porque no se han comprobado los gastos de inversión. En Oaxaca, Seguritech también obtuvo un contrato directo para servicio de mantenimiento en los Centros de Control, Comando y Comunicaciones por 90 millones 955 mil pesos.

En Acapulco, Guerrero, la contraloría municipal acusó a Seguritech de fraude por cobrar por un servicio que no cubre. Ahí, el contralor Antonio Sebastián Ortuño, informó que se le sancionó a la empresa y pidió a la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero, le retire el contrato. Seguritech empezó a dar servicio con la instalación de las video cámaras y botones de pánico desde el gobierno de Zeferino Torreblaca y posteriormente con Alberto López Rosas, pero el equipo no operó al 100 por ciento como se esperaba. Esta empresa tiene un contrato de 20 a 25 millones de pesos con el gobierno municipal de Acapulco. Recientemente, el gobierno del estado de Guanajuato le otorgó un nuevo contrato a la empresa para formar lo que denominó el proyecto de Seguridad Escudo, en esa demarcación, el contrato fue por la prestación de servicios, por lo que no se estarán adquiriendo cámaras, sino el servicio de vigilancia solamente.

De acuerdo con el gobierno de esa entidad, el proyecto tiene un costo de 2 mil 727 millones de pesos, que se asignó a la empresa “SeguriTech, Seguridad, Defensa, Telecomunicaciones, Aeroespacial”. El proyecto contará con la instalación de dos mil 556 cámaras de seguridad distribuidas en el estado, así como 92 arcos carreteros, que tiene el objetivo de blindar el estado. Una vez instalado el Escudo, los ciudadanos podrán adquirir una cámara para su domicilio o empresa y conectarla al sistema de video vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. LA OPACIDAD NUBLA LA VISIÓN Sin embargo, a más de tres semanas de haberse hecho el anuncio oficial, el gobierno de la entidad poco ha propiciado para darle claridad a esta contratación. La página del gobierno mexiquense no muestra un solo documento adicional al comunicado de prensa en torno a la adjudicación, las condiciones en las que se dio, las garantías que se tendrán y las acciones que se realizarán con estas cámaras. Es más, a la fecha, oficialmente no se sabe nada sobre cuáles serán los 30 municipios en los cuales se hará la colocación de las unidades de video vigilancia, cuáles son las expectativas que genera un proyecto de esta naturaleza y ni siquiera las características físicas y tecnológicas de cada uno de estos aparatos. A tal grado ha llegado la opacidad del gobierno estatal en torno a este tema que los propios legisladores de la entidad desconocen las condiciones en las que se otorgó el contrato.