Rescatar la economía de afectados por desastres naturales

Rescatar la economía de afectados por desastres naturales

Resulta indignante observar cómo los gobiernos se apresuran a apoyar a las familias ricas cuando sufren alguna desgracia y el gran menosprecio que asumen ante las desgracias de que son víctimas las familias campesinas y en general la de los sectores más pobres de la sociedad mexicana. El trato que los gobiernos dan a las primeras es de atención inmediata, invirtiendo recursos del erario para salvarlos, sacarlos de los aprietos y que no sufran en lo mínimo; mientras que a las segundas, que son golpeadas inmisericordemente por desastres naturales o por otro tipo de fenómenos sociales no se les atiende; cuando se presenta el desastre, los funcionarios acuden de inmediato al lugar de los hechos, se toman la foto, hacen promesas de que van a apoyar y al siguiente día aparecen publicadas en los medios de comunicación. Los afectados, así como buena parte de la opinión pública que lee estas noticias se quedan con la idea de que los funcionarios sí van a cumplir.

Pero en la inmensa mayoría de los casos no sucede esto último, las promesas hechas por los funcionarios van quedando en el olvido, pasa el tiempo y los apoyos no llegan. Esto sucedió el año pasado en los municipios de San Rafael, Martínez de la Torre, Jalacingo, Perote, Altotonga y Villa Aldama con los productores de plátano, cítricos y haba. La zona de San Rafael se inundó como consecuencia de las intensas lluvias, que hicieron se desbordara el río Bobos, en 7 ocasiones, dañando los cultivos en su totalidad. En la de Perote se presentaron 2 heladas que arrasaron con el 75% de la producción de habas.

Con esto, la economía de los productores y de los jornaleros se vino abajo, sumiéndolos en una crisis económica de consecuencias terribles, de la cual no han podido salir debido a que el seguro catastrófico que tiene contratado el gobierno de Veracruz no ha cubierto los daños como es su obligación hacerlo y las dependencias gubernamentales encargadas de hacerlo tampoco han actuado en defensa de los campesinos afectados. Los están dejando en la indefensión total y, entonces hay que preguntarse, cuál es la razón de ser de estas dependencias o acaso están confabuladas con las compañías aseguradoras y no las obligan a cumplir.

Cansados de esta situación, el pasado 25 de noviembre los productores del municipio de San Rafael, realizaron una movilización, bloqueando la carretera que va de Martínez de la Torre a Nautla, para exigir a las autoridades estatales su intervención. Como consecuencia de dicha exigencia, el 15 de enero de 2014, la empresa aseguradora pagó una superficie insignificante de todo lo afectado, sólo 789 hectáreas de las más de 3 mil que debió haber pagado. Como era de esperarse, la gente no quedó satisfecha y se trasladó una comisión a la ciudad de Xalapa a exigir se revisara el asunto. Se tuvo una reunión con el Ing. Emilio Martínez de Leo, secretario de la SEDARPA y con el Lic. Marlon Ramírez, Subsecretario de Gobierno, en la que se acordó se llevara a cabo una nueva supervisión de las parcelas dañadas y las aseguradoras cubrirán todas las afectaciones, tal y como están obligadas a hacerlo, toda vez que el gobierno del estado tiene un contrato con dichas aseguradoras por 650 mil hectáreas de todos los cultivos. Se acordó también, que aquellos daños que no correspondieran a las aseguradoras, la SEDARPA apoyaría con insumos agrícolas a los productores afectados para ayudarlos a reactivar la producción de los cultivos. A los pocos días se realizó la supervisión, en la que los productores demostraron que los daños eran mayores a los que la aseguradora y la SEDARPA habían cuantificado originalmente.

De esto último pasaron también ya varios meses, y no se ve para cuándo el gobierno va a intervenir con decisión de apoyar a los productores, a pesar de sus múltiples gestiones. No quieren, pues, apoyar a los campesinos en la reactivación de la economía, a pesar de que la pobreza y el hambre se han incrementado. En cambio, baste recordar cuando los grandes banqueros y las clases ricas de México entraron en crisis en 1990, cuando el gobierno Federal creó el Fondo Bancario de Protección al ahorro (FOBAPROA), que en diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El gobierno Federal, no importándole endeudar al país, le entró al rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, aportando una cantidad estratosférica para salvarlos, algo así como 552 mil millones de pesos. Dinero de nuestros impuestos o deuda que también tenemos que pagar con impuestos.

Este trato desigual a los sectores de la población tiene su explicación real, en el hecho de que quien pone a los funcionarios de gobierno no es el pueblo organizado y consciente, los imponen los ricos por la fuerza o por la manipulación que hacen de los ciudadanos, a través de despensas, gorras, camisetas o la compra del voto en los períodos electorales, situación que no se acabará hasta que las clases trabajadoras, aquéllas que crean la riqueza del país, obreros y campesinos, toman conciencia del papel que juegan dentro de la sociedad.