Punto de Vista

Turismo electoral

Bien dicen que en México la justicia es lenta, pero… tardada.

Cuatro años después de que fueran denunciados “movimientos irregulares en el padrón electoral de entidades como Veracruz, Morelos y San Luis Potosí”, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fepade, detuvo a María Asunción Díaz Flores, ex delegada de Cuernavaca, a la que se le seguirá proceso por el delito de fraude electoral.

A la detenida se le acusa de alterar el Registro Federal de Electores mediante el acarreo de unas 440 personas, desde Cuernavaca, Morelos hasta Boca del Río, en Veracruz, para apoyar a un candidato en esta entidad. La autoridad no especifica a qué candidato habrían apoyado, pero María Asunción Díaz Flores es priista. Los acarreados recibieron despensas, cobertores y entre 200 y 320 pesos en efectivo, así como el pago de los gastos de traslado, desayuno y comida, a cambio de gestionar su cambio de domicilio en el IFE.

Las personas fueron trasladadas en once autobuses de pasajeros, los primeros días de febrero de 2010, desde Cuernavaca hasta Boca del Río.

Díaz Flores les pidió a sus acarreados que llevaran consigo su acta de nacimiento y su credencial de elector original, ya que sin esos documentos no podrían viajar, ni tampoco recibir la ayuda prometida.

Una vez en Veracruz, dos cómplices de la detenida les entregaron a los pasajeros recibos de luz y agua con domicilios ubicados en esta entidad, acompañados de un croquis hecho a mano, donde se especificaba un domicilio.

Los morelenses fueron llevados a diversos módulos del IFE para tomarles la fotografía y darles un comprobante.

De regreso a Cuernavaca, les informaron que les harían llegar despensas y cobertores, les entregaron dinero y les prometió a las viudas, madres solteras y personas de la tercera edad que acudieron, que serían incluidas en un programa de apoyo económico.

Este tipo de fraude, conocido como “turismo electoral” tuvo lugar entre 2009 y 2010, justo en etapas previas a la sucesión de Gobernador en Veracruz, lo mismo que de alcaldes y diputados locales. En consecuencia, los votos acarreados desde Morelos hasta Boca del Río debieron favorecerles a Javier Duarte y a Salvador Manzur Díaz.

El número no es significativo y por lo tanto las autoridades no encontrarían elementos para anular aquel proceso electoral aunque, por otra parte, en el caso de la alcaldía, el período ya concluyó, por lo que una anulación sería una sentencia rebasada por el tiempo.

El tema reviste importancia porque demuestra que una impartición tardía de justicia, deja sin cumplir con una de las exigencias fundamentales en la materia: que debe ser “expedita”.

También muestra uno de los múltiples mecanismos que fueron utilizados durante el proceso electoral del 2010 para violentar la voluntad de los ciudadanos.

Desde el 2010, hasta la fecha, hubo ya nuevas elecciones municipales, también de diputados locales y de diputados federales. Si la investigación de la Fepade no sirvió de mucho en aquel entonces, por lo menos debe ser útil para blindar los próximos procesos electorales y evitar que estas marrullerías se vuelvan a cometer.

La mecánica es sencilla. Se buscan entidades donde no vaya a haber elecciones (pues no se trata de tapar un hoyo destapando otro) y se compran voluntades de ciudadanos que por dinero o prebendas están dispuestos a cambiar su domicilio de forma ficticia, dejándoles a sus promotores el control absoluto de sus credenciales de elector. Una vez superada la elección, los ciudadanos pueden gestionar la reposición de su credencial en sus lugares de origen, con otro reporte de cambio de domicilio.

Por cierto, en aquel entonces, se supo de otros casos de “turismo electoral”, en la zona sur.