Legislación actual, a modo y a la moda: abogado

XALAPA, Ver., 27 de mayo de 2016.- Ante el cúmulo de reclamos en materia de seguridad y justicia, se ha venido, históricamente, introduciendo legislación a modo y a la moda, afirmó el notario Joel López García durante su ponencia “Estado de Derecho y Legalidad, la idoneidad de las políticas jurídicas en materia de seguridad y justicia”.

Al participar en el Foro de Seguridad en el que participó el candidato a la gubernatura de Veracruz de la alianza Para Mejorar Veracruz, Héctor Yunes Landa, expresó que no existen sociedades sin crimen, sin violencia, “pero si cerramos las posibilidades a la evasión de la justicia por deficiencia de las normas, seguramente veremos mejores resultados en materia de seguridad y justicia”.

Aquí la ponencia completa del licenciado Joel López García:

Resulta imprescindible, al hablar de seguridad y justicia, dar un vistazo a lo que en el devenir de los tiempos hemos establecido en las leyes y revisar si resultan eficaces en la actualidad, para atender el problema de inseguridad, en razón de que cualquier acción o programa que resulte necesario implementar debe estar inserto y regulado sólidamente en el sistema jurídico vigente y, si no lo está, se debe establecer dentro del mismo, para evitar espacios de impunidad.

No pretenderé en este foro dar una cátedra de derecho, menos ante integrantes tan distinguidos y especializados en la materia y en la ciencia jurídica.

Entendamos por legalidad ahora, sin entrar en más, al apego irrestricto al sistema normativo vigente, tanto de las autoridades como del gobernado.

Ante el cúmulo de reclamos en materia de seguridad y justicia, se ha venido, históricamente, introduciendo legislación a modo y a la moda.

Para atender la dinámica cambiante de la realidad, ante la diversidad de conductas antisociales, el Estado, a gusto, sea por iniciativa del Ejecutivo o por impulso del poder legislativo, ha creado infinidad de tipos delictivos que responden de distinta forma a conductas similares, es decir, hemos creado la especialidad en los delitos, y todos sancionados con la pena privativa de libertad; como si la cárcel fuera la panacea a los problemas sociales que traen consigo violencia y desapego a las normas de convivencia social, apartándonos en todo momento del principio del derecho penal de mínima intervención.

Así ante la incidencia de cierto tipo de delitos, en vez de atender sus causas generadoras o establecer políticas para desalentarlas, la solución recurrente ha sido el aumento en el número de años de prisión con que se sancionan; han existido períodos, por ejemplo, en que resultaba más sancionado robarse una vaca que la violación, o en donde se han establecido multas por montos superiores a los considerados en la definición de esta sanción.

Del mismo modo, por la vía del proceso legislativo, se ha cambiado la terminología para referirnos a ciertos conceptos, por ejemplo desde hace tiempo dejamos de tener carceleros y ahora tenemos custodios, cárceles y ahora tenemos centros de reinserción, presos y ahora internos, directores de reclusorios y ahora Directores de centros de las consecuencias jurídicas del delito, como si la prisión fuera la única consecuencia; pero lastimosamente la realidad sigue siendo la misma en las instituciones en las que participan estos actores.

En el ánimo de atender los reclamos ante conductas ciertamente reprobables como el secuestro, se creó la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, dándole competencia a la Federación en ésta materia, pero, se supeditó a la Ley de delincuencia organizada, es decir, para que sea competencia federal se requiere que el sujeto activo sea parte de ésta y para que esto ocurra se requiere la reiteración de la conducta, así el agente del Ministerio Público o Fiscal del fuero común, al conocer de un delito de secuestro deberá acreditar, la reiteración de conductas del sujeto activo para poder remitir a Ministerio Público federal el conocimiento de este ilícito o quedarse con el trámite; además de esta condicionante se estableció que para que sea competencia Federal el delito de secuestro debe el Ministerio Público Federal ejercer la facultad de atracción, haciendo pues imposible la política Federal para atender el secuestro que tanto lastima a nuestra sociedad.

Ahora hemos cambiado también el modelo de justicia penal de adversarial a acusatorio y, a partir del 18 de junio, es decir en unos días tendrán plena vigencia las disposiciones contenidas en nuestra constitución en esta materia; al respecto hay que advertir el contenido del artículo 21 constitucional, texto, en mi opinión, oscuro; artículo que se ha reformado 6 veces, la reforma sustancial en el año 2008, veamos:

El primer párrafo establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las POLICIAS, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

¿Es de entenderse que todas las corporaciones policiacas, dependen del M.P? Al parecer sí.

Más adelante el párrafo noveno establece la definición de seguridad pública y dice que ésta es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Se avizora un doble estado de indefensión de la ciudadanía.

Probada está la participación de cuerpos de seguridad del estado en conductas delictivas, en delitos de alto impacto, hoy tipificados como desaparición forzada de personas, pero que en realidad son secuestros agravados por la participación de fuerzas institucionales y la muerte de los sujetos pasivos

La sociedad, frente a cuerpos policiales, de todo orden, no capacitados verá vulnerados sus derechos humanos.

Por otra parte los verdaderos criminales encontrarán una veta de oro cuando las policías, carentes de capacitación, por ignorancia o por continuar con viejas prácticas, no se ajusten al debido proceso en la investigación de delitos y la detención de verdaderos criminales, a quienes el Estado tendrá que poner en libertad.

Hay que advertir aquí de otra disposición contenida en norma adjetiva, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la detención preventiva en caso de flagrancia tratándose de delitos de Querella, es decir, podrá un ciudadano ser detenido sin que pueda saber el motivo de su detención en virtud de que quien tenga derecho de querellarse no lo haya hecho.

Todo esto reviste una relevancia mayor cuando, ante la modernidad de nuestra legislación en el procedimiento penal, instituciones como el CIDAC (Centro de Integración para el Desarrollo A. C.), señaló en el documento denominado Hallazgos 2015 , una nula capacitación a policías ministeriales en materia del nuevo proceso penal.

Ahora bien, Políticas recomendadas por instancia internacionales para atender el fenómeno cada más vez creciente del financiamiento de la delincuencia organizada nos llevaron a crear la Ley para prevenir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la famosa Ley anti lavado de dinero, estableciéndose instituciones y procedimientos estrictos para rendir información a las áreas especializadas de inteligencia financiera, y por otra parte, en ánimo de generar estructuras financieras que propicien el crecimiento económico, se legisló para crear Sociedades por Acciones Simplificadas, cuyo proceso salta cualquier regulación establecida en la ley anti lavado, es decir sí pero no.

Es imperioso, por lo tanto, legislar con orden, atendiendo a la congruencia, a crear un verdadero sistema jurídico, que evite, lo que parecieran antinomias y lagunas.

La doctrina llama a este ente creador de normas coherentes y asimiladas a un mismo sistema, el legislador racional, en Veracruz decimos hacer las cosas bien, no puede existir un legislador que primero apruebe una ley, decreto o punto de acuerdo y después grite por la ineficacia de lo que votó.

Esto es solo una Muestra del Derecho que nos rige hoy señor Candidato, la norma positiva, la Ley aprobada, vigente, la Legalidad es apegarnos a ella y en este momento esta condición no beneficia a la sociedad.

Actualmente, la tendencia a nivel internacional es la desregulación de conductas a través de la una política penal de mínima intervención, esto en estricto apego a la nueva visión en esta materia, que nuestro país ha adoptado y definido a partir de la reforma constitucional en materia de los derechos humanos en 2011, única vía transitable para garantizar el respeto a la dignidad humana; este nuevo enfoque debe atender a la sociedad en general en todos los aspectos y en materia de seguridad y procuración de justicia, tanto a la sociedad misma, a quienes infringen la ley, y a los familiares de éstos que finalmente también resultan víctimas.

Muchas de las disposiciones creadas para dar certeza y seguridad, hoy son baluarte de impunidad, espacios propicios para la evasión de la justicia.

Las estadísticas que analizan el periodo 2007-2013 en materia de procuración de justicia, reflejan un rendimiento proporcional decreciente en la efectividad de las averiguaciones previas que lograron su consignación ante los órganos jurisdiccionales. De las averiguaciones previas consignadas durante el periodo: las que obtuvieron sentencia decrecieron en 1.5%, las pendientes de sentencia lo hicieron en 16.7%, en tanto que las devueltas por el juez al MPF, se incrementaron en 142.2%.

Si a las políticas y estrategias para combatir la violencia y la delincuencia que agravia a nuestra sociedad, como la depuración de cuerpos de seguridad, el establecimiento de verdaderos controles de ingreso, permanencia y capacitación de La Policía, la creación de mapas delictivos, la aplicación de medidas que permitan identificar los perfiles de los delincuentes y su modus operandi, la utilización de las nuevas tecnologías para prevenir y perseguir a la delincuencia y la necesaria participación ciudadana, van acompañadas de una ingeniería jurídica que haga coherente, sólido, fuerte, invulnerable el sistema jurídico que nos rige, estableciéndose normas que sean integrales, sistémicas, seguramente el apego a la legalidad hará que haya mejores garantías de protección a las personas y sus bienes, a que recuperemos espacios públicos.

No existen sociedades sin crimen, sin violencia, pero si cerramos las posibilidades a la evasión de la justicia por deficiencia de las normas, seguramente veremos mejores resultados en materia de seguridad y justicia.