Hora Cero

Francisco Garrido Sánchez, el diputado que preside la Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, se refirió ayer a un tema de interés: las irregularidades en los procesos de entrega-recepción en 30 ayuntamientos.
Es, incluso, la nota principal de El Águila de Veracruz, porque revela anomalías en el 15 por ciento de los municipios de la entidad.
El legislador apuntó que se trata de gobiernos municipales donde los nuevos alcaldes han denunciado la desaparición de materiales y documentos oficiales; y citó los casos de Gutiérrez Zamora y Vega de Alatorre.
Son denuncias que los actuales ayuntamientos ya presentaron ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a fin de que se asienten las irregularidades y se deslinden las responsabilidades.
Por lo que dice el diputado Garrido Sánchez, se trata de un tema que se genera a partir de que los hoy ex alcaldes ocultan la información de sus gestiones o desaparecen los expedientes y documentos que acreditan el manejo de recursos públicos.
Por ello no se pueden concretar los procesos de entrega-recepción en la totalidad de los ayuntamientos veracruzanos.
Recordamos que al iniciar el presente año, la comisión de vigilancia dio a conocer los resultados de más de mil auditorías practicadas en 2012 a todas las dependencias e instancias gubernamentales que manejan recursos públicos; el resultado de esa revisión fue que 38 municipios de la entidad registraron presuntos daños patrimoniales.
Los montos iban desde 500 mil hasta 41 millones de pesos, pero destacaban, por las elevadas sumas presuntamente desviadas, los municipios de Fortín de las Flores, con más de 41 millones; Xico, con casi 25 millones; Castillo de Teayo, con 7 millones; Camerino Z. Mendoza, con más de 5 millones 700 mil pesos; y Nogales, con casi 4 millones y medio.
De igual forma, los hoy ex alcaldes de Acultzingo, Alpatláhuac, Ángel R. Cabada, Astacinga, Carlos A. Carrillo, Chinameca, Colipa, Cosautlán, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata y Gutiérrez Zamora también fueron incluidos en esa lista. Casi todos eran municipios pequeños, donde los alcaldes no tenían recursos para contratar despachos contables que les cuadraran las cuentas.
El caso es que el presunto daño patrimonial de los municipios veracruzanos en 2012 fue de 409 millones 346 mil 68 pesos.
No es difícil, entonces, imaginar que la lista de los ayuntamientos que registraron irregularidades en la auditoría a la cuenta pública ese año son los mismos que tienen dificultades en la entrega-recepción.
El problema es que los alcaldes, a punto de concluir su periodo, piensan que los documentos oficiales son de su propiedad y no de la institución en la que están de paso; creen que ocultando información, documentos y expedientes cubren también las irregularidades en el manejo de los recursos.
Esperemos ahora que la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior y, llegado el momento, la Procuraduría de Justicia, hagan su trabajo para evitar que impere la impunidad. @luisromero85