¿Cuál equidad?

El proceso electoral federal de 2015 será la primera prueba importante para el recientemente creado Instituto Nacional Electoral.

Previamente, en septiembre, el órgano electoral se encargó del proceso interno del Partido de la Revolución Democrática, que eligió consejeros nacionales, estatales y municipales y renovó también a su Congreso Nacional; ese mismo mes, ese partido inició la renovación de sus instancias directivas en todos los niveles, proceso que todavía continúa en el ámbito municipal.

Sin embargo, la prueba importante para el INE no radica en ese ejercicio interno del PRD, sino en el proceso federal constitucional que comenzó pasado 7 de octubre y concluirá con la declaratoria de validez de la jornada electoral del 7 de junio del próximo año, cuando se renovarán los poderes ejecutivos de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; al igual que ayuntamientos y legislaturas locales en 17 entidades; así como la cámara baja del Congreso de la Unión.

En este proceso se estrenan las nuevas reglas en materia electoral, que incluyen un mayor control en el gasto de partidos políticos y candidatos y una estricta fiscalización, a fin de evitar que los ciudadanos que buscan cargos de elección popular ganen los procesos en condiciones de inequidad.

Ese es un tema en el que los avances del sistema electoral son incuestionables. Antes, por ejemplo, si un partido o candidato violaba los topes de campaña; era financiado con recursos de procedencia ilícita; o participaba en un proceso en condiciones ventajosas y de inequidad, las denuncias –en el mejor de los casos– se resolvían hasta dos años después de las campañas; hoy se habla de un sistema de fiscalización en línea y prácticamente inmediato, que busca transparencia, rapidez en las resoluciones y, sobre todo, procesos electorales equitativos.

Precisamente, la equidad en las contiendas es uno de los temas medulares de las recientes reformas en materia político electoral de nuestro país, porque se trata de evitar las sospechas sobre contiendas injustas y en condición de desigualdad entre las diferentes fuerzas.

Es un asunto que incluye fiscalización, investigación de los recursos usados en campañas y precampañas, así como el monitoreo a tiempos y espacios en medios de comunicación; en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral da seguimiento a las denuncias presentadas contra los funcionarios de gobierno veracruzano que han sido acusados por actos anticipados de campaña, hasta ahora, los secretarios de Educación, Adolfo Mota Hernández; Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes; y el tesorero de la Secretaría de Finanzas, Antonio Tarek Abdalá Saad.

Lo lamentable es que esos y otros funcionarios del gabinete estatal, porque esos tres no son los únicos, siguen en franca precampaña en sus respectivos distritos, pasando por alto el principio de equidad en la contienda.

El secretario de educación, por ejemplo, concentra su atención en el distrito de Xalapa Rural, mientras que la titular de Protección Civil no sale de los municipios del distrito de Coatepec, con el pretexto de que sus recorridos, visitas y eventos son acciones de gobierno y no de promoción política; sin embargo, esos actos anticipados de campaña, que son disfrazados, ponen en desventaja a los partidos de oposición, lo que tendría que ser observado por el órgano electoral. @luisromero85