Escenario

14 de octubre de 2014

12:01

Gabriel Arellano López

* Política envilecida

Ha solicitado el PRD, a través de su dirigente estatal electo Rogelio Franco Castán, la creación de una fiscalía especializada que le diga a la ciudadanía y a los partidos políticos si quienes aspiran a algún cargo de elección popular cuentan con antecedentes penales o vínculos delictivos.

Debe creer el dirigente perredista que si existiera tal fiscalía no se repetirán situaciones como las de Iguala, en el Estado de Guerrero, donde un alcalde que fue postulado por el PRD resultó ser un criminal de lo peor, presunto responsable hoy de la desaparición de varias decenas de estudiantes normalistas y el asesinato de varios de ellos.

Tal vez sería funcional una fiscalía como la que pide Franco Castán. Sin embargo, primero habría que acabar con los grupúsculos que se han adueñado de los partidos políticos en muchas regiones del país, a juzgar por lo que acontece.

Dentro de los gobiernos establecidos, también habría que terminar con las complicidades y redes de poder que cubren no siempre a asesinos, pero sí a muchísimos asaltantes del erario público, verdaderos saqueadores de las arcas oficiales que gozan de la mayor impunidad.

De qué valdría una fiscalía con la información a la mano si desde la cúpula del poder se enredan unos a otros, gobernantes y partidos, para proteger a sus preferidos y empoderarlos pese a malos antecedentes. Pareciera a veces que ello resulta ser hasta factor de recomendación.

Ahora que no pocos enfilan proyectos para las diputaciones federales del año próximo, habría que ver cuántos aspirantes resisten no una fiscalía, sino el simple peso de la opinión pública.

Entre los que son enlistados encontramos a un ex “servidor” público del pasado reciente, etiquetado bajo la sospecha del enriquecimiento, hasta exhibido en su momento por su “cese”, pero que hoy va en caballo de hacienda rumbo a una curul, debidamente alentado desde el poder.

Hay también una ex alcaldesa, que tan sólo en tres años supo acumular una riqueza económica impresionante, que dilapidó recursos para beneficio de sus allegadas –hoy también enriquecidas- y que en el ejercicio del poder demostró su capacidad, no política, sino patrimonialista usando el cargo para iniciar múltiples negocios particulares.

Hay otro actual funcionario, que ha ido escalando en la administración pública, que ya fue diputado local y dirigente partidista y al que se le vincula con investigaciones sobre actividades delictivas, aunque él lo niega sistemáticamente. Lo cierto es su enriquecimiento. Innegable, porque el dinero y lo tonto no se pueden esconder.

Un funcionario más, del norte del Estado, con vieja fama de enriquecimiento, traidor de su partido y de otros a los que ha ido a cobijarse alguna vez, pero muy hábil para ubicarse en el gobierno, y a su hijo también, encamina sus esfuerzos hoy rumbo a una diputación.

Puede incluirse en el grupo igualmente a un actual diputado local, ex funcionario, en cuyo tiempo se hicieron y toleraron grandes negocios con la obra pública. Su gestión no pasó la prueba del Orfis, pero tiene ángel guardián que lo sigue protegiendo. Y va por más.

Así podrían ser citados más con historial reprochable que al PRI (por los ya mencionados) no le importa. Seguramente veremos a varios de ellos nominados para ir a formar parte del congreso federal, sin que su paso turbio por la administración pública represente obstáculo insalvable en el logro de sus aspiraciones políticas.

En realidad no hace falta una fiscalía como la que pide Franco Castán. Más bien se necesitaría que quienes detentan el poder actuaran con verticalidad y honradez, lo que realmente se antoja poco menos que imposible.

NUMERALIA

1.- Parece que William Knight Bonifacio, director del Centro SCT en nuestro Estado, ha sabido engañar a algunos, porque le han proyectado una imagen de eficiente. Sin embargo, el diputado federal Genaro Ruiz opina lo contrario, advirtiendo que el funcionario federal ha dado oídos sordos a la demanda de rehabilitación de la carretera Tuxpan-Tamiahua.“No es concebible que por un lado tengamos una inversión de 9 mil millones de pesos para la terminación de una autopista y por otro lado no podamos comunicar al puerto (de Tuxpan) con una laguna (Tamiahua)”, se quejó don Genaro.

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