Desde 2014 Contraloría conoció observaciones de ASF

XALAPA, Ver., 03 de marzo de 2015.- A mediados de 2014 la Contraloría General del Estado (CGE) conoció oficialmente las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno de Veracruz en la Cuenta Pùblica 2013, por el uso indebido de los recursos federales que podrían derivar en daño patrimonial, y a partir de agosto de ese año envió una serie de oficios para tratar de solventar estas irregularidades.

El 20 de febrero la ASF hizo públicos los resultados de la auditoría a los recursos federales que transfirió el Gobiernode la República a todos los estados del país, por un monto de 70 mil millones de pesos, donde encontró irregularidades en más de 40 mil millones.

Veracruz fue la entidad con más recursos observados, 10 mil 335 millones de pesos, es decir, el 25 por ciento del total de los recursos observados, por lo que el auditor Juan Manuel Portal Martínez, calificó al estado como un caso “muy complicado”.

En sus primeras declaraciones sobre el tema, el contralor Ricardo García Guzmán dijo desconocer el detalle de las observaciones, pero aseguró que serían solventadas; es más, el día en que el Informe de Resultados de la ASF fue publicado y dado a conocer, aseguró que no le dio tiempo de meter los documentos en ventanilla.

“Lo que les puedo anticipar es que, tan pronto nos informen oficialmente, la Auditoría Superior de la Federación tiene 10 días para hacerlo del conocimiento, nosotros ya tenemos muchos paquetes de documentación porque al cerrarse la ventanilla porque se iba a presentar el informe al Congreso de la Unión, nosotros ya no pudimos meter, pero estamos trabajando demasiado estrechamente con la Auditoría Superior de la Federación”.

No obstante, en la revisión de los expedientes que pueden ser consultados en www.asf.gob.mx aparece una serie de oficios respondidos por la CGE desde agosto de 2014, en los que la dependencia intentó solventar, sin éxito, las observaciones de la ASF.

Tan es así, que García Guzmán, desde mediados del año pasado, designó a Antonio Gómez Pelegrín, jefe de la Unidad Administrativa, como enlace para atender exclusivamente las observaciones que realizó la ASF.

Por ejemplo, el oficio número CG/ENLACE-ASF/0595/2014 del 19 de diciembre de 2014, referente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, donde la ASF determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 315 millones 898 mil pesos.

Aquí la contraloría abrió el Procedimiento Disciplinario Administrativo número 242/2014 con fecha de 18 de diciembre de 2014 en contra de funcioanrios o exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, “probables responsables cuya conducta motiva lo observado”.

En ese año, 2013, la Sefiplan tuvo tres titulares: Salvador Manzur, Carlos Aguirre y Fernando Charleston.

Otro ejemplo es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. La Contraloría veracruzana remitió a la ASF el oficio ENLACE-ASF/0021/2014, con fecha de 20 de agosto de 2014, en la que remite documentos para solventar las observaciones.

No obstante, la ASF las consideró insuficientes y determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2 mil 30 millones 581mil 200 pesos, que representa el 10.6 por ciento de la muestra auditada; adicionalmente pidió aclarar el destino de 2 mil 295 millones 426 mil pesos.

Asimismo, del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, la Auditoría de la Federación detectó un probable desvío de 625 millones 254 mil pesos, que representa el 92.1 por ciento de la muestra auditada, “así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

La Contraloría General del Esatdo abrió los Procedimientos Disciplinarios Administrativos número 195/2014 y 196/2014 con fecha de 06 de octubre de 2014.

Es decir, la CGE sí tuvo conocimiento de las observaciones, respondió pero no pudo solventar las irregularidades, y abrió más de 10 expedientes para dar con los responsables de los probables responsables de los desvíos, y en los próximos días habrá de definir cuánto es el importe que tendrá que devolver, con intereses, al Gobierno de la República.

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