Al pie de la letra

* VALENTÍN Y SU VALEDOR

Uno de los más consternados por la muerte del empresario porteño Valentín Ruiz Ortiz debió ser Miguel Ángel Yunes Linares, aspirante del PAN a la gubernatura de Veracruz.

Por eso, el primogénito del ex priista que actualmente gobierna el municipio de Boca el Río se apresuró a anunciar el domingo pasado, tras conocerse la infausta noticia, que el Ayuntamiento a su cargo organizaría un homenaje a Ruiz Ortiz. El alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez dio por hecho que los demás miembros del Cabildo que preside apoyarían su decisión.

Y es que al menos desde el sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998), en el que Yunes Linares se desempeñó durante más de cuatro años como secretario general de Gobierno, entre Valentín Ruiz y el ahora neopanista se dio una relación tan estrecha que algunos llegaron a confundir con complicidad. Precisamente a ese nexo con el hombre fuerte del chirinato se atribuyó que el desaparecido empresario, considerado por sus apologistas como el “Slim veracruzano”, fuese favorecido en febrero de 1994 con la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la autopista Veracruz-Cardel, cuya concesión al gobierno del estado había sido solicitada oficialmente por Chirinos Calero en agosto de 1993 a su amigo el presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual la autorizó por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo entonces de Emilio Gamboa Patrón, actual líder de la bancada priista en el Senado de la República.

Pero la licitación de este tramo de 28.5 kilómetros de la carretera federal Poza Rica-Veracruz –que comprende el kilómetro 212+500 y el kilómetro 241+000 así como del libramiento norponiente de Cardel que parte del kilómetro 212+500 (Poza Rica-Veracruz) al kilómetro 11+550 (Tamarindo-Cardel)– desató tal polémica e inconformidad entre la mayoría de las otras 14 compañías y constructores concursantes, en cuanto se conoció el fallo a favor de la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz (ACCSA), presidida casualmente por Ruiz Ortiz.

La apertura de las propuestas del concurso número SC-PMIC-93-01 fue celebrada el 14 de febrero de 1994, pero sólo acudieron seis de las 15 participantes: TRIBASA, ACCSA, PYCSA, TATSA, el particular Antonio Exhome y Marnhos y Asociados. Las nueve restantes presentaron carta de disculpa para no participar en el evento.

Inclusive, el representante de la empresa Prefabricación y Construcción, S.A. (PYCSA), que por esas fechas construía la autopista Minatitlán-La Tinaja, ante su descalificación dizque “por no cumplir con la cláusula tercera de las bases” del concurso para la autopista Veracruz-Cardel, escribió en el Acta Primera la siguiente leyenda: “Firmo bajo protesta ante la poca seriedad”.

Es más, en oficio fechado en la ciudad de México el 17 de febrero de 1994, el ingeniero Sergio Jinich Ripstein, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), le manifestó al gobernador Chirinos “nuestra preocupación e inconformidad por la forma en que se sucedieron los hechos que culminaron con el acto de apertura de proposiciones el día 14 de febrero de los corrientes en la sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones del Estado”.

Jinich Ripstein notificó a Chirinos que los constructores descalificados “aducen la existencia de diversas anomalías que restan transparencia y credibilidad al proceso”. Entre ellas enumeró “no haber entregado en ningún momento los proyectos para construcción, indispensables para definir procedimientos y con ello buscar la solución más conveniente”, pues puntualizó que “esta información resulta indispensable en cualquier proyecto, más aún si como en el caso del puente ‘La Antigua’ se solicitaron cotizaciones con dos alternativas estructurales (en acero y en concreto)”. También apuntó que “durante la visita de obra, en ningún momento se mostró la ubicación de obras de drenaje, estructuras y bancos de material”.

Por ello, el presidente nacional de la CNIC solicitó “respetuosamente” al gobernador Chirinos que reconsiderara “nuevamente la realización del concurso de referencia con bases más claras, pues una licitación donde se inscriben catorce empresas, se disculpan ocho y se descalifican a cuatro, sólo refleja confusión y falta de comprensión de las bases de la convocatoria.”

El escándalo por la concesión de esta autopista, que genera cientos de millones de pesos al año a sus operadores, llegó también hasta el Congreso de la Unión, obligando al entonces auditor general de la Contraloría Interna de la SCT, Marco Aurelio Torres H. Mantecón, a precisarle mediante oficio al diputado federal Juan Hernández Mercado que dicha carretera se había concesionado desde octubre de 1993 al gobierno del estado de Veracruz y que, “en tal virtud, en los procedimientos concursales para la contratación de las obras y la ejecución de las mismas no ha intervenido esta dependencia, ni tiene facultades para intervenir en ellos.”

Pero Chirinos se rehusó a reponer el proceso de licitación presuntamente por la presión de Yunes Linares, por esas fechas “en la plenitud del pinche poder” como secretario de Gobierno de esa nefasta administración priista.