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COATEPEC, Ver., 10 de enero de 2018.- Durante Audiencia de Vinculación el juez de control Luis Roberto Juárez López, vinculó a proceso a Arturo «N» por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad cometidos durante su gestión como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
En audiencia celebrada este martes, se repuso la audiencia de vinculación por la existencia de un amparo, sin embargo el juez determinó que sí existen elementos suficientes para determinar nuevamente la vinculación, pues Fiscalía aportó diversos medios de prueba de la relación entre el exfuncionario y Roberto «N”.
En este sentido, se aplicaron medidas cautelares al ex secretario de Seguridad Pública, por favorecer a Roberto “N” con contratos para prestación de servicios de alimentos, víveres y desechables a la SSP y de los cuales presuntamente habrían obtenido beneficios económicos, por lo que deberá de permanecer en el penal de Pacho Viejo.
Por su parte, la defensa llevó a cabo el ofrecimiento de medios probatorios con el objetivo de mostrar que a pesar de que ambos imputados se conocen, nunca fueron socios y las relaciones empresariales que en algún momento tuvieron fueron concluidas muchos años antes de que Arturo “N” ingresara al servicio público.
Arturo «N» hizo uso de la voz y argumentó que siempre se condujo con profesionalismo y honestidad durante su paso por la SSP, además de que la contratación de proveedores no estaba dentro de sus funciones.
«Siempre actué con honestidad y legalidad, conduciéndome con ética y profesionalismo y nunca presioné a persona alguna para ningún asunto», indicó.
De igual manera, la defensa de Roberto «N» aseguró que para la presunta participación de su representado el código de procedimientos penales no establece una pena o sanción, por lo cual no puede ser vinculado a proceso o llevado a juicio, argumento que fue desestimado por el juez, por lo cual fue vinculado a proceso por el delito de tráfico de influencias.
Finalmente, el juez determinó un plazo de 2 meses para la realización de la investigación complementaria por parte de la Fiscalía.