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COATEPEC, Ver., 3 de mayo de 2018.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la procedencia de vinculación a proceso en contra de la exfiscal de Investigaciones Ministeriales de la pasada administración estatal, María del Rosario “N”, por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
En un comunicado, la FGE recordó que María del Rosario “N” fue detenida el pasado 27 de abril, en ejecución a una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, la cual fue cumplida por agentes de la Policía Ministerial, por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos.
Los hechos que se le imputan tuvieron lugar el pasado 19 de enero de 2016, en el municipio de Emiliano Zapata, el cual es señalado por testigos como el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
En la fecha referida, probablemente María del Rosario “N” se apersonó al lugar donde fueron localizados restos de al menos 19 personas y luego de supervisar el hecho dio la instrucción de reportar únicamente el hallazgo de seis cuerpos; asimismo, instruyó al Fiscal que integraba la Carpeta de Investigación que alterara los informes, con la finalidad de ocultar el número real de cuerpos.
De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en vida llevara el nombre de David L.A., elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa dependencia.
Sobre los restos de las 12 personas restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos restos fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que se encontraba al mando del hoy vinculado a proceso por su probable participación en desapariciones forzadas, Arturo “N”, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Al vencimiento del término constitucional y con base en la contundencia de los datos de prueba presentados por el Fiscal Especializado, el Juez de Control estableció el plazo de cinco meses para la Investigación Complementaria y reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa aplicable por todo el tiempo que dure el proceso penal que se instruye en contra de la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales, por lo que continuará internada en el reclusorio regional.