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XALAPA, Ver., 6 de marzo de 2025.- Durante los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Año de la Diputación Permanente, el legislador Roberto Francisco San Román Solana presentó una iniciativa de decreto que prevé que la autorización y vigilancia del funcionamiento de los centros de tratamiento de adicciones privados, así como la implementación de mecanismos para su verificación y supervisión, esté a cargo de la Secretaría de Salud de Veracruz.
Además, la propuesta plantea que si de la verificación a dichos centros de rehabilitación se llegaran a observar incumplimiento a las normas establecidas, trato indigno y/o violación a los derechos humanos de las personas internas sujetas a tratamiento, sería la mencionada dependencia la encargada de dictar las medidas de seguridad y sanciones correspondientes.
De acuerdo a datos del Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México, en el año 2023 un total de 179 mil 342 personas solicitaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en la Red Nacional de Atención a las Adicciones, de estos, 19.2 por ciento fueron atendidos en los centros comunitarios de Salud Mental y Adicciones; 13.6 por ciento en los centros de Integración Juvenil y 67.2 por ciento en centros de tratamiento no gubernamentales.
Los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), actualmente cuentan con 17 centros comunitarios de Salud Mental y Adicciones (UNEME-CECOSAMA) que ofrecen atención gratuita contra las adicciones; sin embargo, ante el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes, este número es insuficiente toda vez que se requiere un grupo multidisciplinario para atenderlo.
“Ha proliferado el surgimiento de centros privados, conocidos coloquialmente como “anexos” o “granjas”, las cuales “intentan” curar a las personas que presentan problemas de abuso de algún tipo de sustancias; sin embargo, en algunos de éstos, al no estar bajo la regulación del Estado, se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos de los pacientes”, afirma el documento.
En el mismo sentido, la falta de supervisión a los llamados “anexos” puede derivar en la ilegalidad e incumplimiento de las reglas mínimas para su debido funcionamiento y operación, mermando el impacto en la salud pública y la adecuada rehabilitación de los pacientes, agravando con ello las circunstancias y violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa que adiciona el Artículo 70 ter a la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su estudio y dictamen