Pablo Jair Ortega/Columna sin nombre
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la izquierda hizo una serie de escándalos por la pretendida imposición de un excelente abogado y, en ese entonces, senador: Raúl Cervantes Andrade.
Las credenciales para ser un buen fiscal, así como la trayectoria para lograr una silla como ministro de la corte, eran suficientes e, incluso sobradas.
Sin embargo, tenía que pasar por la revisión del Senado, donde la izquierda se revolcaba como chinicuil en comal, y exigía que no se nombrara a Cervantes, en sustitución de Arely Gómez, aquel 27 de octubre del 2016.
Fue obligado Peña Nieto a dar marcha atrás a su propuesta, mediante una iniciativa que cancelaba el llamado “pase automático” para ese fin.
Nada más como referencias históricas, les planteo el caso de Raúl Cervantes quien, en el 2015, Peña Nieto, quiso designar a su representante jurídico en el PRI, como ministro de la Corte. Incluso se separó un año del Senado para ocupar esa relevante posición.
Con Raúl, como procurador, fueron acusados por corrupción, tres exgobernadores de México: Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte. Incluso, en un breve paso por la PGR, detuvieron a Borge, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia, Italia.
La gota que derramó el vaso fue que una nota de Reforma, en 2012, ya como senador, lo fotografiaron en un Ferrari de su propiedad, con valor de 4 millones de pesos, con un domicilio fantasma en Morelos.
Estos son temas que podrían perdonarse a cualquier personaje de la actual administración, pero ahora todo se perdona. Mientras sean cínicos y demuestran su inmensa riqueza, aunque hablen en favor de los pobres. Sólo tienen que afirmar “primero los pobres”, aunque se no paguen impuestos o quieran saquear el presupuesto.
PRI, PAN Y PRD, en el Congreso impidieron la llegada de Cervantes a quien calificaron como el “procurador carnal”, por que ocuparía casi todo el sexenio del próximo presidente. Creyeron, ilusamente, que ellos tendrían la Presidencia en el 2018, donde ganó Andrés Manuel López Obrador, quien nombró a su procurador carnal, Alejandro Gertz Manero y nadie replicó; ni la oposición.
Un silencio cómplice, como símbolo del sometimiento ante el temor de ser investigados por pecados políticos o financieros.
Pero, vayamos al fondo de la hipocresía. No sólo el gobierno federal tiene a sus procuradores carnales, sino todos los Estados Se salvan unos cuantos, pero todos los demás ponen e imponen a sus fiscales de justica.
Les importa un frijol lo que diga la ley. La manipulan a su antojo para tener sus fiscales que actúen conforme a sus caprichos y tengan instrumento de represión jurídica contra quienes sean sus enemigos en el país.
La camada de gobernadores de Morena, se pusieron de acuerdo con sus antecesores para que puedan nombrar a sus “fiscales carnales”. No importa a quien pisoteen en sus derechos. El objetivo es tener un gobierno con todo el poder.
No quieren verse en el espejo del futbolista Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, quien trae una guerra a muerte con el fiscal Uriel Carmona. Quiso desaforarlo en el Congreso de la República y fracasó el ahora gobernador golfista. En respuesta, le metió a la cárcel a prominentes miembros del PES, partido que llevó al poder al gober. No lo puede quitar, ni tampoco manipular la justicia en la entidad.
O, el otro caso contrario, fue el fiscal de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, quien renunció para que llegara Ricardo El Pollo Gallardo a la gubernatura y pudiera nombrar a su fiscal carnal.
Esto último, definitivamente, es producto de negociaciones entre los gobiernos salientes y los entrantes.
Las citas de más casos, abarca a la mayoría de las entidades.
Ahora, reitero, ningún partido de oposición (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y toda la chiquillería), dice “ni pío”, no vaya a ser que los nuevos fiscales le urgen a sus antecesores y saquen a relucir la inconmensurable riqueza de aquellos que llegaron pobres, y se van inmensamente ricos.
PODEROSOS CABALLEROS
NO HAY DELITOS CONTRA CIENTÍFICOS
Entre 2002 y 2018, la asociación «Foro Consultivo Científico y Tecnológico» recibió unos 471 millones de pesos para gastos de operación, con los que se pagaron choferes, celulares, viajes, restaurantes de lujo y hasta los impuestos de 40 personas. Si hacemos cuentas, en 9 años, todo ese grupo de científicos debió haberse gastado 15 millones de pesos. Lo que representaría un millón 666.6 pesos anuales o 138 mil pesos mensuales. Según sabemos que ello fue demostrado ante las autoridades con recibos. Pero, no menciona la autoridad los gastos de operación de esos organismos, que estaban dentro de la ley. Incluso dicen que hasta pagaban impuestos. Pues claro, debían pagarlos. Pagaban choferes, compraron un edificio (lo que estaban dentro de sus atribuciones) de lujo (nadie dijo cuánto costó) en una zona de lujo (Coyoacán, donde viven muchos prósperos políticos de Morena). Por ello, nos preguntamos de qué tamaño es el fraude que dicen que cometieron los científicos. Si descontamos todos los gastos que por ley podían hacer, quizá haya un remanente de abuso. Pero como esa información la señora anticiencia de ascendencia asturiana (España), Elena Álvarez Buylla, ni idea tiene de lo que es contabilidad, ni mucho menos ciencia. Pero, ante su fracaso para inculpar a los científicos, ahora es investigada por la FGR. Por el momento que presenten las cuentas. Que las hagan públicas. Los juicios mediáticos van contra los derechos humanos. Que no se les olvide.
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