Víctimas de desapariciones,sufren por omisiones de Fiscalía

COATZACOALCOS, Ver., 11 de julio de 2018.- Integrantes de Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la zona sur de Veracruz, en rueda de prensa expusieron las omisiones en las que ha incurrido en reiteradas ocasiones la Fiscalía General del Estado (FGE), al momento de iniciar las investigaciones y labores de busqueda en casos de personas desaparecidas, mismas que han llevado a la falta de resultados positivos.

Dieron a conocer el caso más reciente que se registró el pasado 25 de abril, cuando fue denunciada la desaparición de Joaquín Hernández Revueltas, quien fue «levantado» en la colonia El Tesoro de Coatzacoalcos presuntamente a manos de elementos de la policía estatal.

A pesar de la denuncia oportuna, los familiares no observan avances en las investigaciones.

«Acudimos a poner la denuncia y como al segundo día se tomó la declaración y ya va para tres meses, hasta ahorita no hemos tenido ninguna notificación, no hay avances al respecto» denunció la mamá de la víctima.

Recordaron que el pasado 3 de mayo, por decreto del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue creada la Comisión Estatal de Búsqueda, dependencia a la que consideran no cuentan con elementos reales que den certeza que encontraran a los desaparecidos, porque carece de un protocolo para actuar.

Con esta comisión, la Fiscalía General del Estado se deslinda de sus responsabilidades y le deja el paquete a esta grupo de funcionarios, que simplemente le otorga un folio a los casos.

“Antes teníamos la certeza de que la Fiscalía iba a investigar y buscar, hoy por hoy se deslindan de responsabilidades, se tiran la bolita que le toca a la Comisión de Búsqueda y la denuncia nada más no existe”,expresó Lenit Enríquez Orozco, integrante del colectivo Madres en Búsqueda.

Este miércoles los colectivos sostuvieron una reunión de trabajo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Coatzacoalcos, para exponer sus quejas contra el organismo autónomo, porque aseguraron que las familias de las víctimas sufren por la demora, burocracia y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado.