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XALAPA, Ver., 26 de abril de 2018.- En todo el país, como en Veracruz, existe una ruta de impunidad para la investigación de los feminicidios, pues desde el primer respondiente hasta los jueces pretenden la “invisibilización” de los asesinatos de mujeres por razón de género, consideró el abogado integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNE), Rodolfo M. Domínguez.
El especialista acusó que es lamentable que a pesar de contar con un tipo penal en la entidad, muchos de los casos se tipifican como asesinatos dolosos, asesinatos culposos y hasta suicidios, dejando de lado el carácter de feminicidio.
En el marco de la Presentación del Informe Implementación del
Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, destacó que a pesar de los protocolos que existen de investigación feminicida, no se cumple con los mismos.
“Esta ruta de impunidad está presente en todo el país, en Veracruz tienen características muy particulares, pero hay algo que es real, tenemos una situación muy compleja y particular, Veracruz es el único estado que tiene dos declaratorias de alerta, es decir, a pesar de que se concedió al estado un plazo de seis meses en cada una, no se logró cumplir con ningún tipo de acción”.
En ese sentido, dijo que se coloca a la entidad como un foco rojo nacional, porque la inacción del estado cobra vidas y genera una ruta de impunidad que pone en riesgo a las mujeres, ya que no hay políticas públicas que les garanticen sus derechos.
Mencionó que la ruta de la impunidad inicia con la resistencia para reconocer, investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género, como feminicidios, a pesar de contar con un tipo penal.
Comentó que no considerar a las parejas o exparejas sentimentales y familiares como presuntos agresores, invisibiliza una línea de investigación que tendría que ser la primera en tomarse en cuenta, derivando en casos de homicidio doloso o culposo.
Señaló que cuando llegan a los jueces son éstos quienes exigen la recategorización del delito, además de la discriminación y violencia institucional, al filtrar imágenes de las mujeres asesinadas.
“Mal manejo en el lugar del hallazgo y pérdida de evidencia, pues es en el lugar del hallazgo donde se pueden tener las mayores evidencias, pues los primeros respondientes no cuidan la zona del crimen, sin garantizar el acceso de la justicia, así como irregularidades en inconsistencias en investigaciones periciales”.
Tampoco existe análisis de contexto en los casos de feminicidio, por lo que se deben crear las unidades de criterios; no se garantiza el derecho de la víctimas al negarles información o acceso a sus expedientes; no se garantiza reparaciones integrales del daño a la víctima; no hay mecanismo de seguimiento a los casos que verifique el cumplimiento a las alertas de género.
Finalmente, manifestó que en el Poder Judicial en muchos casos no se han atendido con criterio de género, lo que invisibiliza la violencia de género y culpan a las víctimas.