Veracruz criminaliza a niños indígenas y de la calle: Redim

XALAPA, Ver., 28 de septiembre de 2016.- En Veracruz, las instituciones criminalizan y persiguen a los niños y adolescentes en situación de calle, trabajadores o indígenas, y “de manera muy preocupante observamos que el estado generalizó esta criminalización y limpieza social en Xalapa, y con mucha insistencia en Boca del Río–Veracruz”, señala el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

El problema es serio en la entidad veracruzana porque las instituciones no sólo no protegen a los niños y adolescentes, sino que se crean leyes, como en el caso de Boca del Río, donde “se atrevieron a emitir un cabildo prohibiendo la mendicidad y metiendo a la cárcel municipal a personas que mendigaban en la vía pública”, muchos de ellos menores de edad.

Los excesos institucionales, el caso Boca del Río

El caso con el que ejemplifica la situación es reciente. El pasado 12 de julio, el procurador municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Víctor Manuel Barradas Beltrán, informaba que un niño había sido rescatado de una red de trata de blancas, pero después sustraído del vehículo en el que era trasladado.

“Durante ese traslado, nos abordaron gente que son afín en ese sentido, es decir chavos que también se dedican al trabajo, no sé si son los tratantes, lo que sí te puedo decir es que al personal lo rodean y el niño es arrebatado, es despojado”, indicó en esa ocasión.

Se había dicho que el niño de 10 años fue rescatado cuando logró escapar de la red de trata de personas y llegó con una persona que pidió ayuda a la Policía Naval y ésta a su vez al DIF municipal. El procurador refirió entonces que varias personas rodearon el vehículo del DIF y sacaron al niño, manteniendo el forcejeo durante cerca de 15 minutos.

En ese tiempo el personal del DIF tomó algunas fotografías de las personas y llamó a la policía, pero demoraron mucho en llegar y los presuntos delincuentes huyeron junto con el niño. La Fiscalía General del Estado emitió la Alerta Amber.

Pero todo fue un teatro, un montaje. Se llama Hugo, indígena, y es detenido o privado de la libertad, pero por funcionarios del DIF de Boca del Río. “Cuando él encuentra a su familia indígena, se va con ellos, obviamente se resiste a quedarse con el DIF, y en el exceso, la autoridad acusa que un grupo criminal se los arrebató de las manos, cuando se investiga se encuentra con esto: el niño halla a su familia, que eran mendigos, pero eso no es delito, y en el abuso de autoridad, el exceso, lo plantean en un plano del crimen organizado”.

El director de Redim es enfático cuando afirma que todo fue falso, una escenografía que montaron, “no sé con qué objetivo”, y que la única agresión fue la mordida del niño para que lograra escapar e irse con su tío.

“Presentan la denuncia porque un grupo criminal se los quitó de las manos, hablan de tratantes y demás, y lo que es evidente y se puede documentar con la intervención federal, es que eran familias indígenas, algunas que practican la mendicidad, y que fueron criminalizadas y perseguidas”.

Caso Xalapa, tan grave que parece caricatura

Juan Martín Pérez García recuerda también el caso de Xalapa. Dice que al inicio de la administración de Américo Zúñiga autobuses recogían familias enteras de indígenas que vendían y mendigaban en las calles de la capital, para echarlos de la ciudad.

“Es una cosa caricaturesca… las subían a todas a un camión y les preguntaban de dónde eran, quienes venían de Chiapas, se quedaban en el autobús, y eran expatriados, dicho por la autoridad municipal en su momento, porque no podían cargar con indígenas que no fueran veracruzanos. La parte que termina el cuento de risa y de chiste es que esto fue acompañado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para vigilar que no se violaran los derechos humanos. Son excesos de caricatura que suceden en Veracruz”.

Estas sistemáticas y graves prácticas de perseguir a los niños que trabajan, de llamar a la ciudadanía a que no les den dinero porque los arraigan a la calle, afirma, echándole la culpa a los transeúntes o automovilistas de algo que es responsabilidad del estado, en este caso de la autoridad local, “da cuenta de la ausencia de una visión de Estado, de políticas públicas y que se reducen a funcionarios que son pago de cuota electoral, que no tienen la menor idea de lo que tienen que hacer, y cometen desde el sentido común y la barbarie, muchas violaciones a derechos humanos”.

Finalmente, el director de la Redim concluye en que hay una completa ausencia de cumplimiento de la ley, de respeto de la autoridad y de las instituciones, pues “cualquiera puede usarlas para cualquier fin, y en contra de niños y niñas o adolescentes”.