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XALAPA, Ver., 28 de octubre de 2016.- En sesión pública, los magistrados integrantes de Tribunal Electoral del Veracruz (TEV) validaron por mayoría de votos la modificación hecha por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), al reglamento de las candidaturas independientes.
En dicha modificación se estipula el registro por planillas de las aspiraciones ciudadanas a regidores en las 212 alcaldías, como lo hacen los partidos políticos, lo que permitiría tener ediles independientes por el principio de representación proporcional.
Esto luego de que los argumento del Partido Acción Nacional (PAN) en contra del instrumento aprobado el pasado 14 de agosto fueron declarados parcialmente fundados, pero ineficaces.
De acuerdo con Acción Nacional, el OPLE se extralimitó en sus funciones porque no aplicó disposiciones establecidas en el Código Electoral de Veracruz que le corresponden al TEV o al Tribunal Electoral Federal (Trife).
Durante la discusión del asunto, el magistrado presidente del TEV, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, dijo que si bien el OPLE puede interpretar la ley de la manera más favorable a los ciudadanos, incurrió en una violación constitucional al “inaplicar” los criterios establecidos en el artículo 261 del Código Comicial, que impide el registro de planillas de candidatos independientes a regidores por el principio de representación proporcional.
Pero luego de una minuciosa revisión, los magistrados determinaron que lo que se buscó fue maximizar los derechos electorales de los ciudadanos y más porque la Sala Superior del TEPJF, emitió una jurisprudencia que señala que los independientes si puede optar por una curul en los cabildos por la vía plurinominal.
A pesar de ello, el magistrado José Oliveros Ruiz se apartó de la validación y votó en contra, alegando que toda decisión de la autoridad administrativa electoral debe hacerse atendiendo la legislación y no extralimitarse más allá de lo que ésta establece, porque en este caso incurrió en una inaplicación tácita de un precepto.
Por su parte, Javier Hernández Hernández retomó que los jueces de los estados están obligados a garantizar la Constitución y externó que ello implica interpretar las normas que permitan garantizar derechos humanos a los ciudadanos.