Trump y la incierta espera 

El amago del presidente Trump sobre el gobierno y el país ha sido uno de los temas de atención de los analistas y observadores de los asuntos públicos. Buena parte de ellos refieren a que en cualquier momento habrá una respuesta violenta y agresiva contra el país; los vaticinios y las especulaciones dan para todo, desde la invasión armada, las acciones encubiertas y hasta el despliegue discreto de policías y espías. No pocos decían que una acción punitiva ostensible y ejemplar ocurriría antes de la elección de noviembre.

El gobierno advierte sobre una posible acción “injerencista” previa a la elección de noviembre. En su versión se trataría de una acción de la ultraderecha norteamericana de la que las autoridades han tenido a bien a excluir al presidente Trump. Se dice que él está mal acompañado, pero no participa, avala o promueve la violación a la soberanía nacional. También se hace creer que un resultado adverso para Trump cambiaría el escenario en aranceles, hostilidad diplomática y amenaza de intervención violenta.

La elección se aproxima y nada significativo ha sucedido previo a la elección, más allá de declaraciones intimidantes o filtración a medios. Lo relevante ha sido la solicitud del departamento de justicia de detener diez funcionarios de Sinaloa con propósitos de extradición, entre éstos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Se han entregado quien manejaba los dineros, Enrique Alfonso Díaz y quien operaba la seguridad General Gerado Mérida. 

La presidenta se ha resistido a proceder a la detención de los funcionarios imputados. Públicamente se defiende con el argumento de que la exigencia no se ha acompañado de pruebas. La FGR no ha emprendido investigación convincente y creíble sobre lo señalado por las autoridades norteamericanas, una muestra de impunidad ostensible, que ha movido la hipótesis de que el vecino actuaría de manera unilateral y eventualmente aprehenderían a los señalados.

La realidad que se perfila es otra. México no da para modificar las intenciones de voto en la elección intermedia. Es la economía la causa del voto adverso a los republicanos; no ha sido la guerra desastrosa en medio oriente o la traición de Ucrania, tampoco la escandalosa corrupción en el gobierno de Trump o la violencia gubernamental contra los migrantes. La inflación y los precios de los energéticos son su condena y no hay manera que eso cambie frente a la elección.

De siempre México ha tenido una importancia mayor en términos de seguridad nacional. Difícilmente las autoridades norteamericanas emprenderían acciones que desestabilizaran al país. Esa es la carta fuerte de la presidenta Sheinbaum y está dispuesta a jugarla con determinación, a la vez que concede prácticamente todo lo que se le solicita en seguridad y, en cierta medida, en asuntos migratorios y comerciales. Debajo de la mesa el gobierno de México es un buen aliado en lo que más importa. Esto explica el doble discurso de Trump y su gobierno sobre México y sus autoridades. También el nuestro, soberanista públicamente y colaborador en lo corto.

La situación adelante es complicada, incluso ante una probable mayoría demócrata en el Congreso. Según el acreditado espacio del encuestador Elliot Morris, FiftyPlusOne, el pronóstico es 99 a 100 que los azules tendrán mayoría en la casa de representantes y en el Senado 75 a 100. Quienes crean que la derrota republicana conjurará la amenaza trumpista se equivocan por triple partida: primero, si Trump pierde, su presidencia se complica por la definición del presupuesto, inicio de investigaciones y freno a nombramientos, pero preserva poder de veto y significa que la aprobación de leyes adversas puede frenarse, igualmente sucedería con el tema de los aranceles que se resolverían en la Corte, que le es favorable, y no en el Congreso.

Segundo, el presidente Trump mantendría amplias atribuciones, al menos respecto a seguridad nacional y todo lo que ello implica a pesar de no contar con apoyo del Congreso; podría iniciarse el juicio político en su contra, pero no dan los números para la sentencia y el de corte penal, Trump como ningún otro presidente tiene control del procurador, su exabogado personal.

Tercero, y lo más importante, no está en manos del presidente modificar el curso de la justicia penal una vez que el gran jurado resuelve el inicio del proceso. Mala noticia para Rocha Moya y asociados y seguramente para muchos más.