Detienen al presunto asesino del padre Marcelo
XALAPA, Ver., 12 de octubre de 2016.- La noche de este miércoles, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizó la detención de Victoriano Benítez Márquez, socio y representante legal de Bienart S.A. de C.V., una de las empresas fantasma que fueron proveedores del gobierno de Veracruz.
En un comunicado, la PGR señala que Benítez Márquez habría rendido datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Además obtuvo siete vinculaciones a proceso en contra de los Representantes Legales de siete empresas relacionadas con el actual gobierno de Veracruz, las cuales, según las denuncias formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentaron datos o avisos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, lo que constituye un delito federal.
Hasta el momento, la SEIDF ha iniciado 32 indagatorias en contra de empresas que han sido proveedores del actual gobierno de Veracruz y que realizaron diversas actividades, presuntamente constitutivas de delitos.
Actualmente, se llevan a cabo tareas de investigación y localización de personas relacionadas con otras 15 empresas más que incurrieron en diversos delitos de carácter fiscal y otros, relacionadas con venta de insumos al Gobierno de Veracruz.
De acuerdo a Animal Político, medio que dio a conocer el reportaje de las empresas fantasma en Veracruz, Bienart S.A. de C.V. fue creada en junio del 2012.
En diciembre de 2013 se le adjudicaron 18 millones 767 mil pesos a través de tres contratos que le dio la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz con domicilio es Bolivia 15, colonia Francisco I. Madero, en Xalapa. Se trata de un edificio en el que existe una panadería llamada “La Perla” y un consultorio médico.
Victorino Benítez Márquez es socio además de Publicidad Akkira, creada en 2013 y catalogada también como empresa fantasma.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su último informe sobre el caso Veracruz, dio a conocer que la PGR ya había obtenido una orden de aprehensión derivada de las 32 denuncias interpuestas por posibles delitos fiscales.