SSP reconoce tortura, pero encubre a torturador: Del Río

VERACRUZ, Ver., 23 de abril de 2025. – El pasado 15 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP) aceptó oficialmente la Recomendación 020/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que se acredita la comisión del delito de tortura contra el político veracruzano Antonio del Río Argudín, presuntamente cometida por el entonces director del Penalito, Iván Márquez Lucido.

Pese a la aceptación parcial de la recomendación por parte del titular de la SSP, Alfonso Reyes Garcés, la dependencia se niega a actuar penalmente contra el funcionario señalado. Por el contrario, el exdirector del Penalito permanece laborando dentro de la misma Secretaría, en total impunidad.

“El Secretario está desestimando irresponsablemente la gravedad de este delito al exigir que la víctima lleve por su cuenta al agresor ante un juez de control, cuando hay una resolución oficial que comprueba la tortura”, declaró Antonio del Río Argudín. El también activista responsabilizó directamente a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, por la inacción jurídica frente a los hechos probados por la CEDH.

Del Río Argudín agradeció a la Gobernadora Rocío Nahle García por velar por la legalidad y los derechos humanos, pero exhortó a que intervenga directamente para que se haga justicia. “No soy el único. Hay más de 150 expedientes de tortura cometida por la Secretaría de Seguridad Pública. Esto no puede seguir así”, señaló.

Asimismo, calificó como lamentable la postura del Contraalmirante Reyes Garcés, a quien acusó de falta de carácter y encubrimiento dentro de una institución que, según él, fue convertida en aparato de represión política durante el sexenio de Cuitláhuac García.

Del Río Argudín adelantó que sus abogados ya analizan impugnar la respuesta parcial de la SSP y recurrir a amparos federales, asegurando que “esto ya se ganó, solo es cuestión de tiempo para que se aplique la ley”.

La omisión de acciones penales por parte de la SSP y la Fiscalía pone en entredicho el compromiso del Estado con los derechos humanos y la erradicación de la impunidad.