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VERACRUZ, Ver., 27 de marzo de 2020.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado de Veracruz recibió una solicitud ciudadana de juicio político en contra de los dos consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) que aún ostentan su cargo, acusó el diputado local, Bingen Rementeria Molina.
«Esta situación se vislumbra sospechosa, pues si bien este jueves se designó a Naldy Patricia Rodríguez como la tercer consejera, ya que su antecesora terminó su ciclo, a los otros dos consejeros del IVAI aún les quedan bastantes meses de labor en el organismo descentralizado».
El panista expuso que espera que la solicitud ciudadana de juicio político en contra de los dos consejeros se trate de una simple coincidencia y no de un intento del Gobierno del Estado de apropiarse del organismo autónomo.
«Lo que se recibió el día de antier en la comisión Permanente es la solicitud de un juicio político, y espero que sea un hecho aislado, un hecho que presenta un ciudadano contra los dos comisionados que quedan. Hay que recordar que la comisionada que hoy llega, llega porque la comisionada (Yolli García) ya le tocaba irse, pero a los otros dos que quedan todavía les quedan algunos años”.
Puntualizó que si se lograra remover a los dos consejeros que quedan y el Gobierno del Estado, a través de su mayoría en el Congreso Local, colocara a gente a fin a sus intereses políticos, se corre el riesgo de que el Ejecutivo tome el control total del IVAI y se esconda información de cualquier ente de la administración pública.
“De manera muy sospechosa llegó un juicio político contra ellos, no quiero pensar que lo que se está intentando es simplemente quedarse con todo el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para que se puedan encubrir todos los tipos de gastos indebidos que se puedan dar a la administración pública, de cualquier ente fiscalizable”, resaltó.
Finalmente, dijo espera que tras la detención de la ex comisionada, Yolli García, no exista una “cacería de brujas”, por lo que esperarán a que las instancias correspondientes determinen sus procesos judiciales y en caso de realmente encontrar pruebas en su contra, se cumpla con lo que estipula la ley.
“Espero que no sea una cacería de brujas, espero que haya razones y que el proceso haya sido el correcto porque es grave, cualquier detención de una representante de un organismo de transparencia es grave”, aseguró.