Sindicatos acusan al IPE de reducir pensiones hasta 40%

XALAPA, Ver., 26 de octubre de 2026.- Representantes de diversas organizaciones sindicales se concentraron este lunes frente al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para exigir que se respeten las condiciones de jubilación de los trabajadores que ingresaron al servicio público bajo las anteriores leyes 5 y 20, ante las reducciones que, aseguran, ha provocado la aplicación del sueldo regulador.

Los dirigentes señalaron que los recortes van del 5 al 40 por ciento, dependiendo de cada caso. El conflicto se intensificó a partir de 2025, cuando trabajadores que iniciaron sus trámites de jubilación quedaron sujetos a un promedio ponderado de salarios de cotización, en contraste con pensiones autorizadas en años anteriores que, según los representantes, se calcularon con base en el último sueldo cotizado.

El reclamo se centra en la interpretación y aplicación de la Ley 287, vigente desde 2014. Los sindicalistas sostienen que el IPE debe respetar los derechos que consideran adquiridos y cuestionan que trabajadores con trayectorias laborales similares reciban montos distintos según el año en que tramitaron su retiro.

También invocaron el artículo quinto transitorio de esa legislación para exigir que se revisen las condiciones aplicables a quienes ya acumulaban años de cotización cuando entró en vigor.

Los representantes informaron que han analizado más de 200 casos y que llevan más de 120 días en reuniones y mesas de trabajo con autoridades estatales y del Instituto. Afirmaron que las afectaciones alcanzan a trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del magisterio, la Universidad Veracruzana, la Fiscalía General del Estado, ayuntamientos y otros organismos públicos.

La protesta se realizó mientras el Consejo Consultivo del IPE sesionaba de manera extraordinaria para analizar el tema. Los sindicatos exigieron una resolución que dé certeza a quienes están próximos a jubilarse y reclamaron claridad sobre el fundamento legal de los cálculos. Hasta el cierre de la entrevista, no se había informado el resultado de la sesión.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la defensa de sus agremiados. La controversia sigue sin una respuesta definitiva: los sindicatos exigen que el Instituto explique por qué cambió el criterio aplicado y aclare si su interpretación respeta las disposiciones transitorias y los derechos que reclaman los trabajadores.