Turismo y seguridad deben de trabajar de la mano: Fernando Torres
VERACRUZ, Ver., 27 de febrero de 2017- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó indebidamente la constancia y operación de un centro de almacenamiento de material radiactivo en una planta ubicada en el municipio de Alto Lucero, denunció el catedrático de la UNAM y exempleado de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Bernardo Salas Mar.
«La salud y la vida de los veracruzanos se encuentra en mayor riesgo con la construcción y operación del nuevo Almacén de Combustible Gastado que la Semarnat autorizó a la Central Nuclear de Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad, sin efectuar la manifestación de impacto ambiental necesaria para este tipo de instalaciones de alto riesgo que pueden vulnerar la seguridad nacional».
El especialista señaló que dicho espacio se encuentra en operaciones desde 2014 y para ello no fue presentado un manifiesto de impacto ambiental, como exigen las leyes mexicanas y como recomiendan organismos internacionales.
«La impunidad de las autoridades ambientales queda de manifiesto, pues manejan criminalmente como ampliación para el almacenamiento de combustible gastado en Laguna Verde, lo cual es un almacenamiento del combustible gastado en seco y fuera de la alberca combustible y del edificio del reactor».
Bernardo Salas aseguró que los desechos radiactivos son confinados a un espacio inadecuado, que no cumple con las normas mínimas de seguridad industrial. «El área de localización actual de los sarcófagos del combustible gastado es donde se presenta la mayor contaminación salina de Laguna Verde y por lo tanto, el aire que se use para el enfriamiento de las barras de combustible estará cargado sal y la corrosión será un gran problema”, detalló.
Mencionó que esta nueva instalación del combustible gastado representa alto riesgo potencial para la salud de los veracruzanos y por lo tanto, “las autoridades están obligados a entregar la documentación que demuestre la seguridad de la instalación y que no tendrá impactos ambientales y a la salud; de hecho, están violando los derechos humanos de la ciudadanía, ya que hasta la fecha nos les han otorgado el permiso social para construir y operar este tipo de instalaciones».
En ese tenor, insistió en que la población de municipios aledaños y empleados se encuentran en riesgo, ya que el impacto de dicho material podría generar afectaciones en los siguientes mil años, si se presenta algún inconveniente o accidente.