Siete imputados por extorsión y secuestro en Veracruz

XALAPA, Ver., 8 de octubre de 2026.- En seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), formuló 4 imputaciones en contra de 7 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y extorsión, durante el periodo comprendido del 1 al 7 de octubre.

En el Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Fiscales Especializados formularon imputación en contra de Omar “N” y Ángel Jair “N”, señalados como presuntos responsables del delito de extorsión.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de septiembre del año en curso, cuando la víctima, propietaria de un establecimiento de comida ubicado en Coatzacoalcos presuntamente recibió la exigencia de un pago económico por concepto de cobro de piso, realizada por un sujeto desconocido.

Derivado de un operativo policial implementado en dicho municipio, Omar “N” y Ángel Jair “N” fueron detenidos en flagrancia, cuando presuntamente acudieron a realizar el cobro del dinero exigido.

Dentro del proceso penal 539/2026, la autoridad judicial determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De igual forma, en el Distrito Judicial de Zongolica, se formuló imputación en contra de Adrián Antonio “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Durante la audiencia inicial, se estableció la presunta participación del imputado en hechos ocurridos en Temaxcalapa, municipio de Zongolica, en los que, presuntamente, habría participado en la privación de la libertad de una víctima originaria de Wisconsin, Estados Unidos.

De acuerdo la investigación, la víctima habría sido auxiliada por el ahora imputado para alejarla de una relación abusiva; sin embargo, posteriormente, éste presuntamente la habría mantenido incomunicada, restringiendo su libertad de movimiento y ejerciendo control sobre una tarjeta en la que recibía una pensión derivada de su trabajo, además de mantenerla presuntamente en condiciones insalubres.

En seguimiento al proceso penal 135/2026, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, en el Distrito Judicial de Xalapa, Víctor “N” y Joel “N”, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión, fueron imputados por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto del año en curso, en un establecimiento de abarrotes ubicado en la colonia Progreso Macuiltepetl de la ciudad de Xalapa, propiedad de la víctima quien refirió recibir la exigencia de un pago por concepto de cobro de piso, presuntamente por parte de los ahora imputados.

Durante la audiencia inicial, celebrada en el marco del proceso penal 828/2026, la autoridad judicial impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, en el Distrito Judicial de Poza Rica, fueron imputados Francisco Antonio “N” y Ángel Armando “N”, como presuntos responsables del delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las investigaciones contenidas dentro del proceso penal 442/2026, los hechos ocurrieron en la Colonia Revolución de Poza Rica, donde un masculino presuntamente apuntó con un arma de fuego en contra de elementos policiales en labor de sus funciones, además de utilizar un poncha llantas en contra de la unidad de patrulla, por lo que los elementos ingresan al domicilio donde dicho sujeto se refugió y realizan la detención en flagrancia de los señalados.

Asimismo, se logró la liberación de una víctima privada de su libertad, de dicho inmueble.

En seguimiento al proceso, la instancia judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

De esta manera, en Veracruz se combate de manera permanente la extorsión y el secuestro, mediante investigaciones ministeriales y acciones coordinadas que permiten llevar ante la justicia a quienes presuntamente participan en estos delitos, con apego a la legalidad, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

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