Sentido común

LA REFORMA QUE AÚN NO NACE Y YA FUE SENTENCIADA

Antes de que exista un solo artículo redactado, la reforma electoral que prepara el gobierno de Claudia Sheinbaum ya fue juzgada, etiquetada y condenada en la plaza pública. Algunos de sus detractores han ido más lejos y se han atrevido a bautizarla, sin rubor alguno, como la “Ley Maduro”, una comparación extrema que busca sembrar miedo antes de que el debate siquiera comience.

Para otros, en cambio, la iniciativa representa una oportunidad largamente postergada para corregir excesos y fortalecer la democracia. En medio del ruido, la presidenta ha sido clara: la propuesta aún no está lista, pero no tocará la autonomía del INE ni eliminará la representación de las minorías.

SHEINBAUM FRENTE A LA NARRATIVA DEL AUTORITARISMO

La presidenta de México no ocultó su molestia ante los señalamientos anticipados. “Aún no hemos presentado nada y ya la calificaron”, respondió al rechazar las acusaciones de autoritarismo. Calificar de “falsa de toda falsedad” la idea de que México camina hacia un régimen autoritario no es solo una defensa política, sino un intento por devolver la discusión al terreno de los hechos.

En México, sostiene la presidenta, “hay democracia electoral, participativa, libertades y respeto a los derechos humanos; desde ahí la reforma tiene como objetivo fortalecer, no debilitar, el sistema democrático”.

ABARATAR ELECCIONES SIN DEBILITAR LA DEMOCRACIA

Entre los ejes que la presidenta Sheinbaum ha adelantado destacan dos puntos clave: la garantía de la representación de las minorías y la reducción del costo de las elecciones.

El argumento oficial es claro: México tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo y esos recursos podrían destinarse a otras prioridades nacionales.

Para el gobierno, abaratar los comicios no significa desmontar la democracia, sino hacerla más eficiente, siempre bajo acuerdos amplios y consensuados.

LOS PLURINOMINALES EN RIESGO

En este debate emerge uno de los temas más polémicos: los legisladores plurinominales. Es cierto que esta figura ha sido duramente cuestionada y asociada con cuotas partidistas, privilegios y alejamiento de la ciudadanía. Sin embargo, desaparecerlos no sería un acierto democrático. Hacerlo dejaría sin representación a millones de electores que no pudieron hacer valer su voto, porque su candidato resultó perdedor, pero cuya preferencia política es legítima y forma parte de la pluralidad del país.

Lo correcto, en todo caso, sería regularlos. Reducir su número para evitar sobrerrepresentaciones, obligarlos a participar activamente en las campañas de sus partidos e incluso establecer la separación temporal del cargo durante las contiendas permitiría cerrar la brecha entre estos legisladores y la ciudadanía y devolverles responsabilidad política real.

EL FINANCIAMIENTO QUE YA NO SE JUSTIFICA

Otro punto ineludible en la discusión es el presupuesto de los partidos políticos. Resulta cada vez más difícil justificar el flujo millonario de recursos públicos que reciben, especialmente en años en los que no hay proceso electoral.

Mantener estructuras costosas, burocracias partidistas y gastos permanentes sin competencia en las urnas no fortalece la democracia; por el contrario, la aleja de la ciudadanía y alimenta la percepción de privilegio.

Recortar el financiamiento a los partidos no implica debilitar al sistema político, sino obligarlo a ser más austero, transparente y cercano a la gente. El dinero público debe destinarse a garantizar equidad en las contiendas, no a sostener aparatos partidistas desconectados de las preocupaciones sociales. En tiempos de escasez y demandas urgentes, la política también debe apretarse el cinturón.

LA ADVERTENCIA OPOSITORA Y EL RETO DEL CONSENSO

Desde la oposición, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ha lanzado una advertencia que no puede ignorarse: la reforma electoral no debe surgir del “agandalle” ni justificarse únicamente en la austeridad. Recortar recursos sin cuidado, advierte, puede abrir la puerta al dinero ilícito en las campañas y debilitar al INE, una institución clave para que el voto ciudadano cuente y se respete.

Ambas posturas coinciden, al menos en el discurso, en un punto esencial: la reforma debe construirse con diálogo amplio, participación de todas las fuerzas políticas y sin imposiciones. México es un país plural donde el 54% votó por el gobierno y 46% por la oposición, y cualquier cambio a las reglas del juego debe reflejar esa realidad, además de enviar al mundo y a los socios comerciales del país, particularmente en el marco del T-MEC, una señal clara de compromiso democrático.

La reforma electoral que se presentará en febrero enfrenta, así, un desafío doble: desmontar la narrativa del miedo que la ha reducido, incluso antes de nacer, a una supuesta “Ley Maduro”, y demostrar que menos dinero no significa menos democracia. Si el consenso prometido se materializa, la reforma puede convertirse en una oportunidad histórica; si no, el riesgo es que la democracia vuelva a quedar atrapada entre la desinformación, la desconfianza y la polarización.