Sentido común

LOS DOS REGRESOS

Esta semana México fue testigo de dos regresos que, aunque ocurrieron en circunstancias muy distintas, tienen algo en común: ambos obligan a reflexionar sobre la justicia, el poder y la confianza de los ciudadanos.

Por un lado, Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de una licencia casi obligada. El gobernador sostiene que las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas no encontraron elementos para acreditar su participación en algún delito, mientras los señalamientos surgidos en torno a su persona continúan formando parte de una fuerte controversia política. Rocha Moya vuelve, pues, al cargo que los sinaloenses le encomendaron, pero vuelve también a un estado marcado por la violencia y por una profunda desconfianza ciudadana.

El otro regreso fue el de Fernando Farías Laguna, pero en circunstancias completamente distintas. El ex contraalmirante regresó a México procedente de Argentina y fue puesto a disposición de las autoridades para enfrentar un proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal. La Fiscalía y los tribunales tendrán ahora la responsabilidad de determinar su situación jurídica.

UNO VUELVE AL PODER; EL OTRO, A SER JUZGADO

Ahí está el contraste. Uno regresa a sentarse en la silla del gobernador. El otro regresa para sentarse frente a un juez.

Uno afirma volver con la frente en alto, después de que no se acreditaran elementos suficientes para proceder en su contra. El otro deberá defenderse de acusaciones graves y tendrá derecho, como cualquier ciudadano, a que su responsabilidad se determine mediante un proceso legal.

Y eso es precisamente lo que no debemos olvidar. En un país donde la política suele dictar sentencias antes que los tribunales y donde, en otras ocasiones, la opinión pública absuelve o condena sin conocer los expedientes, el Estado de derecho debe significar algo más que un discurso.

NI ABSOLUCIONES POLÍTICAS NI CONDENAS ANTICIPADAS

El regreso de Rocha Moya no debería convertirse automáticamente en un certificado de confianza intocable. La ausencia de elementos suficientes para proceder no borra, por sí sola, las preguntas políticas que la ciudadanía tiene derecho a formular. Pero tampoco es correcto convertir una acusación en sentencia.

Con Farías Laguna ocurre exactamente lo mismo, aunque desde la otra orilla. Las acusaciones son graves y el caso ha causado un enorme daño a la imagen de instituciones que deberían ser ejemplo de disciplina y honor. Sin embargo, será la justicia la que determine si las pruebas son suficientes para establecer responsabilidades.

Eso es SENTIDO COMÚN: ni fabricar inocentes por conveniencia política ni fabricar culpables por espectáculo mediático.

QUÉ RARO...

Pero hay otro detalle que llama poderosamente la atención. Tanto el gobierno federal como la dirigencia nacional de Morena se han deslindado de haber intervenido en el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura y en la expulsión de Fernando Farías Laguna desde Argentina.

Sin embargo, resulta difícil no advertir ciertas coincidencias. La dirigencia de Morena ha defendido públicamente al gobernador sinaloense, mientras que Omar García Harfuch estuvo precisamente en Argentina, el país donde Farías Laguna se encontraba detenido o refugiado, en los días en que se produjo su regreso a México.

Oficialmente, nadie tuvo nada que ver. Nadie intervino. Nadie movió un dedo. Todo fue, al parecer, una simple coincidencia. Pero cuando las coincidencias comienzan a juntarse alrededor del poder, el ciudadano tiene derecho a levantar la ceja y a cuestionarse: ¿Casualidad? ¿Coincidencia política? ¿O algo más?

EL PROBLEMA ES LA CONFIANZA

En el fondo, los dos regresos nos hablan de un problema mayor: la crisis de confianza.

El ciudadano común observa cómo un político vuelve a gobernar después de haber sido objeto de severos señalamientos, mientras un alto mando naval regresa al país para enfrentar acusaciones relacionadas con una presunta red de corrupción y contrabando. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿Quién cuida a quién?

Porque si quienes tienen poder político pueden verse envueltos en señalamientos graves y quienes tienen la responsabilidad de combatir la ilegalidad pueden ser acusados de participar en negocios ilícitos, el problema deja de ser solamente individual. El problema es institucional.

México necesita investigaciones serias, transparentes y capaces de resistir la presión política. Necesita que las acusaciones estén acompañadas de pruebas verificables y que las autoridades actúen con verdadera independencia. Y necesita, sobre todo, que nadie esté por encima de la ley.