Sentido común

LA DEUDA QUE AHOGÓ A LOS MUNICIPIOS

Durante años, los ayuntamientos veracruzanos cargaron una pesada piedra financiera atada al cuello. Una deuda disfrazada de modernidad, de oportunidad y de supuesto progreso terminó convirtiéndose en una condena que hipotecó el futuro de cientos de municipios y limitó la capacidad de atender las necesidades más básicas de la población.

La llamada bursatilización impulsada en los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa fue presentada como una alternativa inteligente para obtener recursos destinados a infraestructura y desarrollo. El discurso sonaba atractivo: dinero inmediato para obras públicas a cambio de comprometer una parte de las participaciones federales. Lo que nunca se dijo con claridad fue el tamaño de la trampa financiera que quedaría sembrada para las futuras administraciones municipales.

Con el paso de los años, la realidad terminó por exhibir el fracaso del esquema. Muchos ayuntamientos terminaron pagando dos, tres y hasta cuatro veces más del dinero que originalmente recibieron. Mientras tanto, las obras prometidas nunca llegaron en la magnitud anunciada y las finanzas municipales comenzaron a deteriorarse silenciosamente.

El caso de Xalapa resulta revelador. La capital veracruzana reconoce hoy que ha pagado más del doble de los recursos obtenidos mediante aquellas emisiones bursátiles. De no modificarse las condiciones actuales, para el año 2036 la deuda habría terminado costando cuatro veces más del monto original.

COATZACOALCOS, SÍMBOLO DEL ENDEUDAMIENTO

Pero hay otro caso todavía más dramático: Coatzacoalcos, considerado uno de los municipios más endeudados y financieramente golpeados del estado. Su situación refleja con crudeza cómo la bursatilización terminó asfixiando a ciudades enteras durante casi dos décadas.

El alcalde Pedro Miguel Rosaldo García ha reconocido públicamente que Coatzacoalcos arrastra deudas históricas con Banobras, Comisión Federal de Electricidad y otros compromisos heredados, pero que el mayor lastre financiero sigue siendo precisamente la bursatilización contratada entre 2008 y 2009. Incluso llegó a describir a la ciudad como “la más lastimada” económicamente por el manejo financiero de los últimos veinte años.

Por eso resulta políticamente relevante la decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de impulsar un mecanismo de liquidación anticipada de estas emisiones bursátiles. Más allá del inevitable debate político, lo cierto es que el problema financiero existe y durante años fue ignorado o administrado únicamente para patearlo hacia adelante.

Hasta ahora, el Gobierno del Estado ha informado que al menos 48 municipios ya aprobaron en Cabildo adherirse al programa de saneamiento financiero. Entre los que ya han dado este paso destacan Veracruz, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos.

En el caso de Coatzacoalcos, las cifras muestran la dimensión del problema y también del rescate financiero propuesto. El municipio mantenía un pasivo bursátil superior a 181 millones de pesos y, con el nuevo esquema impulsado por el Gobierno estatal, únicamente tendría que cubrir alrededor de 28 millones, mientras el Estado absorbería el 75 por ciento restante.

LA FACTURA QUE SIEMPRE PAGA EL PUEBLO

No se trata de un asunto menor. Durante años, millones de pesos que pudieron utilizarse en drenajes, pavimentación, alumbrado, seguridad o infraestructura urbana terminaron destinados al pago interminable de intereses financieros.

En otras palabras, la deuda no la pagan los gobiernos; la pagan los ciudadanos mediante servicios deficientes y obras que nunca llegan.

La aprobación de los cabildos representa un primer paso importante, pero también obliga a hacer memoria. Porque la bursatilización no fue un accidente administrativo ni un simple error técnico. Fue una política pública impulsada desde el poder estatal y aprobada por muchos gobiernos municipales sin dimensionar el daño financiero que provocaría a largo plazo.

Hoy, el rescate financiero abre una posibilidad para liberar recursos y recuperar capacidad de inversión pública. Pero también deja una lección muy clara: cuando los gobiernos convierten la deuda en negocio político, las consecuencias terminan alcanzando a toda la sociedad.

Por eso este proceso debe ir acompañado de transparencia absoluta. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se debe realmente, cuánto se pagó durante todos estos años, quiénes se beneficiaron de aquellos contratos y cómo se utilizarán los recursos que eventualmente se liberen. Porque Veracruz ya aprendió una lección dolorosa: las malas decisiones financieras pueden hipotecar el futuro de generaciones completas. Y esa factura, al final, siempre termina pagándola el pueblo.

Hoy con la decisión tomada por la gobernadora Rocío Nahle y avalada por los ayuntamientos veracruzanos se termina con el espejismo del dinero fácil que durante años ahogó las finanzas municipales.