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CDMX, 20 de julio de 2020.- Ante la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, preocupa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios a nivel nacional, especialmente, grupos de atención prioritaria e históricamente discriminados: mujeres, niños y niñas, personas mayores, con discapacidad, indígenas, con VIH y de la comunidad LGBTTTI.
En el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la Atención de la Emergencia Sanitaria generada ante el virus SARS CoV2 (Covid 19), la CNDH subraya las deficiencias en la infraestructura en el sistema de salud que enfrentan, como la carencia de personal médico y medicamentos especializados, la sobrepoblación y el hacinamiento en el que conviven las personas.
Lo anterior, al conjuntarse con factores de riesgo como una deficiente alimentación y condiciones de vida digna, la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de espacios humanamente habitables y de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación del coronavirus.
También colocan a dicha población, a sus hijas e hijos, a sus visitas, defensores y defensoras, e incluso al personal que labora al interior de esos centros, en un grupo en desventaja para adoptar las medidas de higiene básicas y las acciones dictadas para implementar una sana distancia en comparación con las instauradas para la ciudadanía en general.
“De no garantizarse los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de la libertad en conjugación con otros derechos ante la contingencia que se vive, el Estado mexicano tendría que enfrentar y asumir en su calidad de garante, los impactos ante las eminentes violaciones a los derechos humanos que se actualizarían en agravio de dichas personas”, denuncia el documento remitido al Senado de la República.
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