Senadores, cínicos al desdeñar demanda ciudadana anticorrupción: IMCO

XALAPA, Ver., 15 de junio de 2016.- Pese al voto de castigo de los ciudadanos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por no combatir la corrupción, los senadores de éste partido y sus aliados, fueron cínicos el rechazar la aprobación de la Ley 3 de 3, acusó el investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pablo Montes.

“Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido”, dijo IMCO en febrero pasado cuando lanzó esta iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la que se establece como obligación de todos los funcionarios públicos hacer públicas sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. Además define reglas de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos.

La madrugada de este miércoles, senadores del PRI y PVEM echaron abajo la propuesta original respaldada por más de 600 mil ciudadanos pues el dictamen aprobado en comisiones determina que las declaraciones se harán públicas, siempre y cuando el funcionarios de la autorización correspondiente.

“No queda otra palabra más que el cinismo, porque justo en los comicios electorales del 5 de junio, la principal mención del voto de castigo hacia el partido en el gobierno (PRI), era el no haber atendido la corrupción, y todavía con la memoria fresca, no les importó la derrota, no les importó otra vez el mensaje de la ciudadanía y volvieron a darle la espalda al combate a la corrupción”, dijo Pablo Montes.

En entrevista para Conexión Veracruz, el investigador aseveró que “tenemos un sentimiento de frustración por ver cómo se le ha dado la espalda a una iniciativa impulsada por más de 674 mil ciudadanos y que quedó incompleta”.

Consideró que la base de la iniciativa era que las declaraciones fueran abiertas a la ciudadanía, lo cual no fue admitido, con lo que se cierra la puerta a los ciudadanos para denunciar actos de corrupción porque no tendrán elementos para demostrarlo.

Explicó que ahora la ley se deja a criterio un comité que no está reglamentado y del que se desconoce el mecanismo de operación, por lo que serán los miembros quienes decidirán el contenido de las declaraciones en las versiones públicas, con lo que se deja fuera en “corazón” de esta iniciativa.

“Sentimos que es un claro mensaje del partido en el gobierno, sobre todo del PRI y del Verde Ecologista que votaron en bloque en contra. Es un mensaje a los ciudadanos de que no sirve participar por los cauces institucionales porque no nos van a dar una buena recepción y nos darán la espalda”.

Aunque consideró que no es malo que sea un consejo el que decida qué se publica de las declaraciones de los funcionarios públicos, consideró que no hay un mínimo de requerimientos en la Ley, por lo que se queda a discreción de unos cuantos la decisión de qué es lo que se necesita declarar, por lo que no habrá utilidad para los ciudadanos.

“Abrimos la oportunidad a que funcionarios puedan argumentar protección de datos personales en contra de estas versiones públicas, es simplemente un juego o una simulación para aparentar que sí va a haber versiones públicas pero no darle una utilidad a los ciudadanos”.

Al ser cuestionado sobre si la “rasuradora” aplicada a la Ley 3 de 3 fue por miedo de los senadores, Pablo Montes declaró que no ve otra razón por la cual se negaron a aprobarla completa, más allá de “esconder algo que no quieren que salga a la luz”.

Insistió en culpar al PRI y sus partidos aliados de negarse a la Ley, pues los otros partidos, como PAN y PRD, sí votaron a favor. Sin mencionar a “los ausentes del PT que le dieron la espalda a la ciudadanía”.

Explicó que lo que quedó en la ley a medias es que sí es obligatorio que los funcionarios públicos hagan sus declaraciones, pero sólo estarán disponibles para las autoridades que investigan, además de que las versiones públicas quedará a criterio de un consejo, por lo que, al no ser pública, la ciudadanía no tiene acceso a ellas y no logrará tener confianza en los funcionarios.

“Es finalmente, mantener en opacidad las investigaciones, porque supongamos que tenemos autoridades honestas y que se hacen estas investigaciones aleatorias a las declaraciones que no son públicas. Aún si las autoridades hacen todos los esfuerzos en las investigaciones, no se puede hacer una evaluación de los bienes de todos los funcionarios públicos, es imposible”.

Aunque reconoció los avances en la materia de transparencia y lucha a la corrupción, consideró que lo que los senadores han dejado fuera lo más importante: la participación de los ciudadanos que pudieran presentar denuncias para apoyar a las autoridades en las denuncias por actos de corrupción.

El investigador del IMCO, recordó que la minuta vuelve a los diputados, pero lo más probables es que vuelva a modificarla, por lo que volverá al Senado y se tendrá que esperar cómo actúan los senadores al volverla a votar.

Finalmente, consideró que se incrementó la brecha de confianza entre los ciudadanos y los funcionarios en lugar de acortarla, que era el principal objetivo de la iniciativa.

“No quieren que se acerque la confianza entre ellos y los ciudadanos y se mantiene este clima de desconfianza y se desincentiva la participación ciudadana porque vimos una movilización sin precedentes de los ciudadanos en este tema y no se les hizo caso”.