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XALAPA, Ver., 5 de enero de 2017.- Como promotores de la toma de la presa Yuribia, que mantiene sin agua a medio millón de personas en varios municipios del sur del estado, se ha identificado a tres personas, entre las que se encuentran un delegado estatal y una diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Dijo que se trata de «Lino González Bautista o Lino González Cruz, quien tiene orden de aprehensión, Eloy González Bautista, que es delegado estatal de Morena y encabeza la manifestación en esta zona”.
Detalló que también participó la diputada postulada por Morena por el Distrito 26 de Cosoleacaque, María del Rocío Pérez Pérez, en las reuniones preparatorias para la toma de la presa y particularmente el 30 de diciembre, “a las 6 de la tarde, en una reunión celebrada en Tatahuicapan donde tomaron el acuerdo de apoderarse de la presa y de dejar sin agua potable a medio millón de veracruzanos».
En conferencia de prensa, afirmó que no han sido desalojados de la instalación hidráulica, sin embargo, reiteró que aplicará la ley en el momento estratégico para ello.
«No los hemos desalojado, tomaron la presa esta madrugada, seguramente llegaron mientras la fuerza pública llevaba tareas en otra parte del estado donde se han presentado problemas. Están cometiendo un delito y están intentando chantajear al gobierno, lo que vamos a hacer concretamente es cumplir la ley, nada más».
Yunes Linares se dijo preocupado por la violencia que pudieran emprender los líderes de Morena del sur del estado, ante el anuncio de la aplicación de la ley, pero afirmó que si tiene que correr riesgos lo hará, pues no permitirá el chantaje de este grupo que pedía 2 millones 500 mil pesos mensuales para uso discrecional en su zona.
«Me preocupa que al discurso pacifista, al discurso de respeto a la ley se oponga una realidad violenta, una realidad de dirigentes políticos a quienes no les importa afectar el derecho, un derecho constitucional al agua y sobre ese derecho traten de imponer los intereses políticos de una organización, lo lamento profundamente».
El mandatario estatal se comprometió con las familias de los municipios sureños afectados por la suspensión del abasto de agua, y anunció que está en contacto con los organismos operadores de la zona para buscar una alternativa para surtir el vital líquido de manera temporal, mientras se consigue liberar la presa.
Finalmente, dio a conocer que el anterior gobierno estatal había firmado un convenio con estos grupos del sur para permitirles tomar la presa sin aplicar la ley, el convenio al que dio lectura se firmó el 28 de diciembre de 2014 por el entonces secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, el entonces procurador de justicia del estado, Luis Ángel Bravo Contreras e incluso por la diputada Anilú Ingram Vallines, entonces presidenta del Congreso del Estado.
«Leo expresamente: que las autoridades del gobierno del estado no tomarán acciones penales o realizarán denuncias civiles o penales tanto del fuero común y fuero federal para los autores de dicha liberación. Liberación le denominan al cierre de las válvulas de la presa Yuribia, es decir, el anterior gobierno por escrito se comprometió a dejar de aplicar la ley. Negociaron la ley como negociaron otras tantas cosas».